El juez del TSJC que ha investigado la causa abierta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dado diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral, si así lo cree oportuno. Para el juez no hay duda, Borràs abusó de sus funciones cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El don de la oportunidad de la justicia para inferir en la crónica política está más que acreditado. El anuncio del cierre de la investigación que deja a la presidenta de la cámara y de Junts a un paso del juicio se ha producido a las pocas horas de que Junts abriera las puertas a una eventual participación en la Mesa de Negociación del gobierno central y la Generalitat, con ciertas condiciones. Todo podría quedar en nada si los socios de ERC hacen casus belli de la reglamentaria substitución de la presidenta en el instante de verse sentada en el banquillo.
Laura Borràs está acusada de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación por 18 contratos menores firmados en beneficio de la misma persona lo que, a juicio del juez, es un contrato encubierto concedido sin seguir los trámites pertinentes. La presidenta del Parlament suele defenderse siempre de esta investigación afirmando que sufre persecución de la justicia por su condición de militante independentista, en lo que el soberanismo define como represión sistemática del estado. Esta tesis no ha sido compartida hasta ahora por ERC, lo que presagia un nuevo enfrentamiento entre republicanos y Junts, del tono y gravedad del mantenido cuando Quim Torra tuvo que abandonar la presidencia de la Generalitat tras ser inhabilitado por su resistencia a retirar unas pancartas del balcón del Palau.
Este nuevo episodio empujará de nuevo a un sector del independentismo a desobedecer el propio reglamento de la cámara catalana para negar toda credibilidad a las acusaciones de la justicia española contra Borràs. Al tratarse de una repetición de lo que Junts consideró una traición por parte de ERC en el caso Torra, las consecuencias son imprevisibles. La primera víctima será el amago de predisposición de Junts a reconsiderar su negativa a participar en la Mesa de Negociación, formulado sorprendentemente por Albert Batet en el Parlament.
Hasta anteayer, el diálogo con el gobierno Sánchez defendido por ERC era para Junts poco menos que una tomadura de pelo, asumida unilateralmente por los republicanos. Incluso llegaron a exigir que la agenda política del presidente de la Generalitat debía ser consensuada por los socios del gobierno, a lo que Pere Aragonés se negó en redondo. Y de repente, Batet, uno de los más animosos adversarios del diálogo institucional, deslizó en su pregunta parlamentaria de los miércoles al presidente que “de haber garantías sólidas” ellos también podrían participar de las reuniones con el gobierno de Madrid.
Las condiciones que planteó Batet como constitutivas de “garantías sólidas” fueron las siguientes: la existencia de orden del día, la creación de comisiones de seguimiento y la posibilidad de que Junts designe a sus representantes en la mesa sin opción de veto por parte del resto de interlocutores. Para mantener la magia del momento, Pere Aragonés no le recordó a Batet que fue él en persona quien dejó sentado que los integrantes de la delegación de la Generalitat debían ser miembros del gobierno catalán.
La crisis que se avecina por la inminencia del juicio contra Borràs dejará muy probablemente en nada el esfuerzo por mantener un minuto de magia transitoria en el Parlament. Supondría una gran novedad operativa que Junts aceptara compartir mesa de diálogo con ERC si los republicanos no hacen una defensa numantina de la presidenta de la cámara y no apoyan la propuesta de sus socios de hacer oídos sordos al TSJC. ERC ha evitado durante toda la legislatura catalana cualquier acto de desobediencia que pudiera ser susceptible de inhabilitación para ninguno de los suyos.
ERC, de todas maneras, no tardará mucho en tener que enfrentarse a un caso de inhabilitación. El 12 de julio comenzará el juicio contra Roger Torrent, actual consejero de Empresa y Trabajo, por su presunta desobediencia al TC en 2019, cuando siendo presidente del Parlament tramitó unas resoluciones sobre autodeterminación y reprobación al rey. Junto a Torrent, serán juzgados otros tres miembros de la Mesa del Parlament, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Con un poco de mala suerte, Pedro Sánchez agendará la reunión que tiene prevista con Aragonés para el día 13 de julio.
