El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la ‘popular’ María José Catalá, ha adjudicado un ‘supercontrato’ de construcción de vivienda protegida (VPO) para alquiler por valor de 155 millones de euros al marido de una compañera del partido.
El ámbito de actuación son cuatro parcelas de propiedad municipal cuya edificación dará una cantidad millonariade la que se beneficiará Javier Timoner Lloret, esposo de la diputada del PP Alma Alfonso Silvestre y persona que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del partido en la Ciudad del Turia. La adjudicación, realizada por procedimiento abierto, aporta a la empresa el derecho de superficie para construir un total de 221 viviendas de protección pública en los terrenos mencionados.
Se presentó en solitario al proceso de licitación, un hecho que no escapa a la polémica y que desde la oposición utilizan para ampliar los motivos a la hora de tachar de “pelotazo” la operación.
El decreto, que ya se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, muestra a la sociedad de Timoner como la “única licitadora” y añade que el promotor inmobiliario “ha presentado la oferta económicamente más ventajosa”, que cifra las garantías definitivas en un total de más de un millón de euros.
El contrato incluye tres parcelas en el barrio de Nou Moles del distrito de l’Olivereta, con una superficie total de 3.327 metros cuadrados, y una cuarta de 1.728 metros cuadrados, en su caso en el sector de La Torre de los Poblados del Sur, un barrio que se encuentra situado al oro lado del nuevo cauce del Turia que quedó completamente arrasado tras el paso del temporal que asoló la provincia el pasado 29 de octubre.
El Ayuntamiento de Valencia se defiende de las acusaciones emplazando que se trata de un “procedimiento abierto”, de carácter “transparente y objetivo” avalado por los técnicos al que se han podido presentar todos los que lo han considerado oportuno. Las mismas fuentes, proyecta elDiario.es dicen que la adjudicación no es “definitiva”. La promotora, por su parte, tiene un plazo de diez días para presentar la documentación justificativa, según consta en el decreto municipal.
Según refleja el estudio de viabilidad económica, los ingresos para la parte adjudicataria ascienden hasta los 315 millones de euros por el arrendamiento de viviendas, garajes y trasteros y se quedan en 155 después de impuestos. Asimismo, la inversión de construcción de las viviendas que incluye el documento tiene un valor estimado de 413,5 millones de euros y está cifrada en 82.
Mismo ‘modus operandi’ que Mazón
Los contratos que la Comunidad Valenciana, en su caso liderada por Carlos Mazón, está llevando a cabo tras el paso de la DANA tampoco están exentos de controversia. En este sentido, entre los documentos que ha facilitado la Generalitat a personas que guardan vínculos con el PP se encuentran una de las personas de máxima confianza de Mazón, José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico de Comunicación; o la empresa Becsa, de la que ejerce como accionista uno de los condenados por la trama Gürtel que confesó la existencia de la “Caja B” del partido. También ha sido beneficiaria de un posible trato de favor el que fuera jefe de campaña del presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, Íñigo de la Serna.
En al ámbito empresarial, De la Serna, ingeniero de Caminos de formación, ha pasado por Typsa, Banco Caminos y Madrid Green Urban Mobility Lab. La primera de las empresas dispone de un capital social de 2,4 millones de euros y cuenta con 2.400 empleados mientras el año pasado registró niveles de venta superiores a los 200 millones de euros y obtuvo beneficios por valor de 28,5. Así se desprende de la plataforma Mercantil Informa. La mayor parte de su actividad comercial se sitúa en el extranjero.
Esta última licitación tiene por objeto lo relativo a los trabajos de remodelación de la presa de Buseo, en Chera (Valencia) después de los desperfectos provocados por la tormenta que causó daños irreparables y que provocó 224 muertos, convirtiéndose así en la peor tragedia climática que se recuerda en la historia reciente de nuestro país.
En total, el equipo de Mazón ha tramitado más de medio centenar de contratos de emergencia después de la riada por un total de 237,8 millones de euros. Dentro de la defensa de la administración pública justifican que cuando la izquierda gobernaba acudió a Typsa y a algunas de las demás firmas con las que los conservadores han cerrado acuerdos días, semanas y meses después del pasado 29 de octubre.
