El cese de la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, ha levantado muchas ampollas entre el cuerpo fiscalizador de las cuentas públicas de la Junta, y ha abierto de nuevo un conflicto laboral que se remonta a meses atrás. Los auditores han acusado a la Junta de Andalucía de haber aprobado una Ley para manipular a su antojo el cuerpo de inspectores sin dotarles de más personal, medios y recursos, lo que provocaría dificultades en la labor de control interno que tienen que desempeñar. Ya en el mes de noviembre avisaron con ir a una huelga que la Consejería de Hacienda evitó prometiendo unas mejoras en las condiciones laborales que, según apuntan, "no se han cumplido".
Al respecto de esta situación hay muchas ramas abiertas, y el cese de la interventora jefa ha sido la gota que ha colmado el vaso, terminando de tensar la relación entre el organismo y la Junta. Mientras continúa la investigación judicial contra el Gobierno de Moreno Bonilla por presuntos delitos de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la víspera de su despido, González Pavón llamó a unos 50 supervisores de su equipo a una reunión telemática para explicarles los motivos de su cese, aprobada en el primer Consejo de Gobierno tras las navidades, desmintiendo la versión que había dado la Consejería de Hacienda. Este departamento, comandado por Carolina España, aseguró que González se marchaba por motivos personales y por cansancio. "Quería estar con sus nietos", aseguraron. Sin embargo, ella explicó a los interventores de su equipo que sus jefes la destituían por "pérdida de confianza", según participantes de esa propia reunión.
Las mismas fuentes, citadas por elDiario.es, responsabilizan del cese a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, su predecesora en el cargo, a quien acusan de haber "incumplido el compromiso de dotarles de recursos, medios y personal", además de hacer lo propio con las mejoras salariales que fueron prometidas.
Insisten en los motivos personales
Este martes, al ser preguntada de nuevo por este asunto, España insistió en que el cese de la interventora general se debió a "motivos personales" y argumentó que no informó la semana pasada de ello porque "hubo muchos cambios de personal ese día".
España señaló también, a colación del caso, que en los cinco años que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda hubo tres interventores generales, insistiendo en la versión de que González Pavón se marcha por motivos personales, aunque ella dice lo contrario. "Cuando alguien estima que quiere irse, ahí no podemos entrar", sentenció.
¿La gota que ha colmado el vaso?
Este cese pone sobre la mesa de Moreno Bonilla varios problemas de golpe. Por una parte, González es la autora del informe de actuación que elevó en 2022 a la consejera de Hacienda denunciando un "fraccionamiento indebido y masivo" de contratos en el Servicio Andaluz de Salud para eludir los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público. En ese texto legal, la interventora impuso al Gobierno andaluz modificar el sistema de contratación a dedo, consistente en separar una partida millonaria en muchos contratos pequeños inferiores a 15.000 euros para sortear la Ley de Contratos. La consejera de Hacienda recibió el informe, pero la Junta no cumplió con las recomendaciones.
Dos años después, los interventores provinciales del SAS volvieron a emitir informes denunciando los mismos procedimientos de manera reincidente, poniendo el foco en un sistema de adjudicaciones que afectaba a más de 1.225 millones de euros en contratos. A su vez, otro punto delicado es la continuidad de los mismos, ya que el SAS se amparaba para su prolongación era un marco legal de excepcionalidad aprobado durante la pandemia, que ya había sido derogado.
Brechas salariales
Las auditorías internas del SAS, que señalan directamente al Ejecutivo de Moreno Bonilla, suponen un extra en la presunta pérdida de confianza que motiva el cese de González Pavón. A su vez, los auditores que se reunieron con ella dan una tercera razón: la falta de recursos y de acuerdos salariales.
González se encontraba inmiscuida en las negociaciones, junto a sus compañeros, por la reestructuración salarial del cuerpo de interventores. Entre los profesionales que trabajan en el órgano de fiscalización interna, los hay que tienen entre sus responsabilidades la firma de expedientes, una tarea que les expone más a vulnerabilidad que aquellos que no la tienen. Es por ello por lo que la Consejería de Hacienda propuso el plus salarial, pero solamente para los que firmaran expedientes, motivando un sentimiento de discriminación entre el resto de la plantilla con el que González se alineó.
Así las cosas, los informes de la Intervención General de la Junta que cuestionan los contratos sanitarios a dedo y las irregularidades a su alrededor parecen haber "tensionado" la relación entre la principal responsable del órgano de fiscalización y el Ejecutivo de Moreno Bonilla.
El contenido de los informes
Todo se remonta a noviembre de 2022, cuando Carolina España recibe un informe de actuación firmado por la interventora general cesada la semana pasada, donde alertaba del "fraccionamiento indebido y masivo" de contratos en el Servicio de Salud de Huelva, una denuncia sobre el "vicio del procedimiento", al firmar "contratos menores en fraude de ley".
Allí comenzó a agitarse el avispero. Carolina España es la jefa directa del cuerpo de interventores, y cuestionó en público las conclusiones de sus auditorías en las que se denunciaban los citados abusos. España salió al paso explicando que el fraccionamiento de contratos era "una práctica habitual en todas las administraciones, que llevaba implantada en la Junta desde la etapa socialista", y tildó las conclusiones de los interventores de "irregularidades administrativas".
La consejera de Hacienda también le quitó importancia al informe de actuación de la Intervención General: "Un informe de actuación es un elemento normal en el control de fondos públicos, también los había antes", dijo, a pesar de que aquel documento informaba sobre posibles contratos en fraude de ley.
El último informe de los auditores del SAS en Huelva, dejaba patente que las recomendaciones llevadas a cabo por los interventores, especialmente para poner fin al fraccionamiento de contratos y de valerse de un marco legal ya obsoleto, "no se habían cumplido".
