El Gobierno andaluz de Juanma Moreno Bonilla ha cesado este miércoles a la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, como respuesta al informe que esta última presentó en 2023 en el que advertía del fraccionamiento de contratos millonarios en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Fue en septiembre de 2022 cuando González asumió la intervención general, órgano fiscalizador de las cuentas públicas, pasando así a depender de la Consejería de Economía y Hacienda, actualmente comandada por Carolina España. No se cumplía todavía el medio año desde la asunción del cargo, cuando presentó un informe donde daba cuenta del troceamiento “indebido y masivo” de contratos del SAS que se estaban adjudicando a dedo y sorteaban la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora, prácticamente dos años después de ello, la Junta de Andalucía ha acordado su cese.
El informe entonces presentado por González actuó de motor para que el resto de interventores provinciales del SAS siguieran su estela y presentaran también informes de fiscalización donde manifestaban abusos, “contratos menores en fraude de ley”, así como el cuestionamiento de un sistema de adjudicación de contratos a dedo fraccionados por una cantidad que sobrepasaba los 1.225 millones de euros.
Hacienda alega “motivos personales”
Al conocerse esta información, se ha sabido de forma paralela, según ha informado eldiario.es, que desde la Consejería de Hacienda apuntan “motivos personales” detrás del cese de González y añaden que “ella misma había pedido hace tiempo marcharse, por razones familiares y de cansancio personal” y que la propia consejera le había solicitado que “aguantase un poco más”.
Unos argumentos que de poco le han servido a la oposición para unirse a la denuncia de los abusos. Desde el grupo socialista en la Junta denuncian el fraccionamiento masivo de los contratos menores en la autonomía y avalan así la investigación que ahora la Fiscalía Anticorrupción junto a un juzgado de Sevilla tienen abierta sobre los contratos de emergencia que el SAS adjudicó a dedo a clínicas privadas entre 2020 y 2024 por posible delito de prevaricación.
Unas actuaciones por parte de la formación socialista que se unen a las de la querella presentada el pasado mes de noviembre y por las que el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla acabó imputando a los tres últimos directores del SAS: Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
El informe sin “menoscabo de fondos públicos”
En el informe que elevó a la consejera de Hacienda, González denunciaba “salvedades de especial relevancia” y con “graves efectos negativos” así como la adjudicación a dedo en el SAS, pero no mencionó que se hubiera producido un “menoscabo de fondos públicos”.
En esta línea, la entonces interventora general elaboró un escrito en el que se recogían los “criterios a seguir en la emisión de los informes de actuación previstos en el decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la intervención general de la Junta de Andalucía”.
En este, González insistía en el hecho de que el nuevo Reglamento no contemplaba la emisión del informe que ella realizó en caso de “apreciarse circunstancias que pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”. Según lo que se indica en dichas instrucciones, “el nuevo Reglamento de la Intervención no contempla este último supuesto como motivo para la emisión de un informe de actuación”, añadiendo que, en caso de haber cuenta de infracciones “previstas en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública”, “lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de Hacienda”.
La Consejería avaló el informe
El informe presentado por la hasta ahora interventora general contaba con la “conformidad” de la consejera de Salud, Rocío Hernández, por lo que el SAS dispuso de seis meses para corregir las “graves salvedades” que habían sido denunciadas y para que la Intervención general llevara a cabo el “seguimiento de las medidas correctoras propuestas”.
A través de estas se puso en tela de juicio todo el entramado de contratación menor a dedo, denunciado también por los interventores provinciales de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén en 2024. Según estos últimos alegaban, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año” y todo ellos sin contar con los “informes y autorizaciones” correspondientes.
Entre otras cosas, en este informe presentado por los interventores provinciales, se evidencia que el SAS no implantó dos de las tres recomendaciones de las auditorías “junto al claro incumplimiento de una de las medidas a adoptar”.
