El grupo socialista en el Parlamento andaluz, de acuerdo también con las voluntades del PSOE nacional, ha acelerado la ofensiva contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, después de conocerse el cese de la interventora general de la Junta, María Antonia González Pavón, por destapar el fraccionamiento de contratos millonarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Este viernes, la portavoz socialista de Economía, Alicia Murillo, se ha pronunciado al respecto denunciando “el mayor caso de corrupción y fraude en materia de contratación sanitaria en Andalucía”, tras hacer referencia a los 1.500 millones de euros de las arcas públicas que “han ido a parar a mano de la sanidad privada, vía contratos de emergencia y de fraccionamiento, contratos que han sido adjudicados a dedo, sin transparencia, sin concurrencia, sin publicidad y en fraude de ley muchos de ellos”.
Un caso de corrupción que, entre otras cosas, ha acabado con la imputación de tres altos cargos, la actual gerente del SAS -Valle García- y los dos que le precedieron, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Asimismo, en un comunicado del grupo socialista, denuncian el desvío de 243 millones de euros a la sanidad privada a través de contratos de emergencia a dedo basados en normas derogadas, una vez finalizada la pandemia y más de 1.200 millones en contratos irregulares que se han fragmentado de forma fraudulenta.
Sobre el cese de González Pavón, Murillo ha definido esta decisión como “el más puro estilo PP”, haciendo referencia a “matar al mensajero, como ya hicieron con Pablo Casado cuando denunció el tráfico de influencias de Isabel Díaz Ayuso”. “Ahora se cargan a la interventora general de la Junta de Andalucía. Ahora lo que hacen es sembrar dudas sobre el principal organismo que tiene la Junta de Andalucía para velar que ni un euro de los andaluces vaya a parar donde debe para hacer lo que han hecho”, ha señalado.
En la misma línea de estas acusaciones, fuentes socialistas afean a los populares el incumplimiento de las promesas de Moreno Bonilla en materia sanitaria. “Moreno prometió esperas de 60 días para una operación, cuando la media es 173; 15 días para un especialista, cuando son 140 días para traumatología; 357 para cirugía vascular o 238 para neurología”. “Moreno Bonilla juega con la salud de todos los andaluces y con el dinero público que tiene que ir a la sanidad pública, pero que él envía con contratos a dedo a la privada”, ha reprochado Murillo.
Denuncian la falta de respuesta de Moreno Bonilla
Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al gobierno de Moreno Bonilla transparencia y colaboración con la justicia en las diligencias abiertas por el Juzgado en el caso de los contratos de emergencia del SAS.
Lo hace a la vez que denuncia la falta de respuesta del presidente andaluz después de la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción nº13 de Sevilla y de la Fiscalía Anticorrupción. “El presidente de la Junta no ha dado ni una sola explicación ante la Cámara, ni ante los andaluces ni andaluzas y tampoco ha permitido que se analice en la Cámara, se debata o se valore en una comisión de investigación este asunto de una enorme importancia. El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la investigación del caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud pone de manifiesto la gravedad de los hechos que hemos denunciado desde el Partido Socialista de Andalucía. Un modus operandi de desvío masivo, de forma irregular, de cientos de millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada”.
Ampliación de las querellas
En la nota compartida, el Grupo Socialista recuerda que ellos mismos ya ampliaron la querella admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que investiga la causa junto a la Fiscalía Anticorrupción, con otras nueve contrataciones a dedo y sin control en el SAS entre enero y julio de este mismo año 2024.
Por su parte, señalan que se produjo una segunda ampliación de la querella “para extender la investigación al conjunto de los ocho directores provinciales de las plataformas de contratación. Unos directores provinciales que siguieron contratando de emergencia, a pesar de las advertencias de la propia instrucción de la Dirección General de Contratación, de que sabían que la norma estaba derogada y a pesar de los informes de la Intervención de la Junta”.
