Los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguen generando problemas al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. Después de que la Justicia admitiera a trámite la denuncia contra el presidente andaluz por malversación y prevaricación por estos contratos, el PSOE-A ha exigido de nuevo una comisión de investigación para conocer la vinculación de empresas beneficiarias e intermediarios con la Junta.
El portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha reiterado la exigencia de una comisión de investigación para saber, con luz y taquígrafos, entre otras cuestiones, qué empresas han sido beneficiarias, quiénes han sido los intermediarios y qué relación pudieran tener estas empresas con la Junta de Andalucía. Así, Aguilar ha recordado que se cumple una semana desde que la Justicia admitió a trámite la denuncia socialista sobre el abuso de estas contrataciones por más de 300 millones de euros que “se distrajeron” de la sanidad pública andaluza y que Moreno Bonilla decidió darlos a la sanidad privada “a dedo”, obviando elementos objeto de concurrencia o publicidad.
El portavoz adjunto de los socialistas también ha criticado que el presidente de la Junta usara excusas de “mal pagador” en la última sesión de control del Parlamento andaluz al ser cuestionado sobre este asunto por el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, que le exigió explicaciones. Y, según ha dicho, Moreno Bonilla solamente se limitó a negar lo evidente pese a los informes de la Intervención y de la Cámara de Cuentas, a culpar a otros y en otros supuestos, y a usar una promesa electoralista sobre la gratuidad de la educación infantil. “Sólo le faltó anunciar que Andalucía estaba en navidades para tapar este caso de corrupción en los contratos sanitarios”, ha afeado.
El “nerviosismo” que se le pudo ver a Moreno Bonilla en el pleno pasado “demuestra la gravedad del asunto” que se está investigando en los tribunales, tal como ha subrayado Aguilar, que también ha destacado los 300 millones de euros sacados de la sanidad pública y enviados a la privada “sin control, cobertura legal, ni concurrencia ni transparencia, sin que los precios pudieran verse disminuidos si se hubiera usado otro tipo de contrato”.
Una circunstancia, ha apuntado, que se producía al tiempo que se despedían 18.000 sanitarios, que las listas de espera seguían aumentando y que los andaluces y andaluzas tienen que hacer largas colas para intentar conseguir una cita con su médico de cabecera.
De la misma forma, el PSOE andaluz exigirá ver los informes jurídicos con que cuentan estos contratos según la portavoz del gobierno, Carolina España, quien no ha mencionado los que eran desfavorables. En esta línea, Josele Aguilar ha recordado que en 2021 se advirtió que no se podía seguir recurriendo a este tipo de contrataciones de emergencia porque no tenía cobertura legal. “Pero Moreno Bonilla ha seguido haciéndolo hasta este año”, con contratos por más de 120 millones de euros.
Por eso, Aguilar ha señalado que esto demuestra que no es ni un problema administrativo ni un problema de mala gestión, sino “una decisión política de establecer un sistema de contratación al margen de cualquier sistema de publicidad y sin concurrencia, al margen del cualquier sistema legal”. “Moreno Bonilla ha seguido regalando dinero de todos los andaluces a las empresas privadas, a las que ellos deciden unilateralmente que serán beneficiarias de esas ingentes cantidades de dinero sin control”, ha aseverado.
A trámite la denuncia por malversación y prevaricación
En este contexto que el PSOE andaluz lleva tiempo denunciando, conviene recordar que recientemente el Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación por parte del gobierno de Juanma Moreno Bonilla respecto de los contratos aprobados durante la pandemia del Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que se produjera su derogación legal.
Los documentos se rubricaron en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023 y para ello se utilizó un procedimiento de emergencia sin publicidad, ni control, ni concurrencia, además de basarse en una normativa derogada.
Hace aproximadamente un año, los auditores del SAS denunciaron el abuso de contratación de emergencia en el ejercicio de 2021 por parte del equipo de Salud de Moreno Bonilla, procedimiento con el que alcanzaron acuerdos por un valor toral superior a los 300 millones de euros, cantidad con la que regaron a empresas privadas “sin justificación alguna”.
El órgano fiscalizador del Gobierno andaluz emitía un documento en el que denunciaba que la Junta había llevado a cabo un uso “indebido” de las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia -esto es, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni previa fiscalización- hasta pasado un año del impacto de la pandemia del Covid, lo que resuelva que ya debieron de haber vuelto a su tramitación ordinaria.
Aquel informe de 138 páginas aseguraba que, en mayo de 2021, dado que la pandemia “ya estaba muy atemperada”, tendría que haberse contratado “con arreglo a la tramitación ordinaria”; pero el Ejecutivo andaluz mantuvo este modus operandi.
Por ello, el análisis que reprodujo el SAS en septiembre de 2023 resultó ser “desfavorable” al Gobierno autonómico al corresponder las operaciones de la Junta con un “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año, cuando se llevaron a cabo 126 expedientes con un gasto de 56,6 millones de euros.
