La gestión sanitaria de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha vuelto a ser denunciada y tachada de “vergonzosa trama” para “enriquecer a la privada y no para salvar vidas”. En concreto, ha sido la portavoz socialista de Salud, María Ángeles Prieto, días después de que la Justicia admita a trámite una denuncia del PSOE-A contra Moreno Bonilla por prevaricación y malversación, la que ha criticado los “vergonzosos” contratos sanitarios irregulares llevados a cabo por el Ejecutivo del popular.
Prieto ha señalado que “758 millones de euros se han restado de la sanidad pública para beneficiar a la privada”: “Han ido a enriquecer a la sanidad privada, no para salvar vidas”.
“Ya sabíamos que del ‘Juanma lo haría’ al ‘Juanma te miente’ hay una línea muy delgada, que a él le gusta traspasar a diario. Lo que no nos imaginábamos es que iba a crear toda una trama de enchufes y de contratos a dedazo para repartir dinero entre sus amigos”, ha añadido la socialista. En este sentido, Prieto ha llamado la atención sobre la falta de explicaciones del gobierno de Moreno Bonilla sobre los 300 millones de euros que ha dado a empresas privadas “a dedo y sin control” usando el sistema de los contratos de emergencia desarrollados durante la pandemia, pero cuando ya no había alerta sanitaria y ese sistema estaba derogado. Un asunto sobre el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por el PSOE-A”.
Y a ello ha unido las adjudicaciones “fraudulentas” por un montante total de 458 millones de euros, ya que los contratos fueron fraccionados por importes menores a 30.000 euros, convirtiéndolos en menores, para evitar controles. “Y, mientras todo esto pasa, hay dos millones de andaluces y andaluzas en lista de espera, la atención primaria tiene colas como hace 30 años, los hospitales públicos están desmantelados y los profesionales se van de Andalucía porque solo les ofrecen contratos de un mes”, ha indicado.
Por todo ello, para la socialista es “una verdadera vergüenza, es lamentable la política sanitaria de Moreno Bonilla”, con un modelo centrado en “beneficiar a la sanidad privada a costa de la sanidad pública”.
Así, ha subrayado que a Moreno Bonilla “no le bastaba en ser el líder” en destrozar la sanidad pública, sino también quería ser “el primero en montar una trama para beneficiar a sus amigos de manera irregular, saltándose la ley y a dedo”. De hecho, Prieto ha incidido en que su “modelo de contratación fraudulenta” es “fácil y rápido, en tres pasos”.
“Primero, se coge un contrato millonario. Paso dos, se trocea en cachitos para saltarse la ley de contratación pública. Y tres, se entregan esos cachitos en contratos menores a sus amigos a dedo, sin publicidad y sin control”, ha sentenciado, dejando claro que todo esto es “inmoral e ilegal”.
Ante todas estas maniobras que la socialista ha denunciado, se ha preguntado “dónde ha quedado el Juanma Moreno de 2018 que decía estar tan preocupado por la sanidad pública”, añadiendo que “tantas fotos parecen que han nublado su juicio” y desde que está en San Telmo “en lo único que piensa es en llenar el bolsillo de sus amigos”, además “del suyo propio”.
La denuncia admite a trámite la denuncia por malversación y prevaricación
En este contexto que María Ángeles Prieto ha denunciado conviene recordar que recientemente el Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación por parte del gobierno de Juanma Moreno Bonilla respecto de los contratos aprobados durante la pandemia del Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que se produjera su derogación legal.
Los documentos se rubricaron en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023 y para ello se utilizó un procedimiento de emergencia sin publicidad, ni control, ni concurrencia, además de basarse en una normativa derogada.
Hace aproximadamente un año, los auditores del SAS denunciaron el abuso de contratación de emergencia en el ejercicio de 2021 por parte del equipo de Salud de Moreno Bonilla, procedimiento con el que alcanzaron acuerdos por un valor toral superior a los 300 millones de euros, cantidad con la que regaron a empresas privadas “sin justificación alguna”.
El órgano fiscalizador del Gobierno andaluz emitía un documento en el que denunciaba que la Junta había llevado a cabo un uso “indebido” de las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia -esto es, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni previa fiscalización- hasta pasado un año del impacto de la pandemia del Covid, lo que resuelva que ya debieron de haber vuelto a su tramitación ordinaria.
Aquel informe de 138 páginas aseguraba que, en mayo de 2021, dado que la pandemia “ya estaba muy atemperada”, tendría que haberse contratado “con arreglo a la tramitación ordinaria”; pero el Ejecutivo andaluz mantuvo este modus operandi.
Por ello, el análisis que reprodujo el SAS en septiembre de 2023 resultó ser “desfavorable” al Gobierno autonómico al corresponder las operaciones de la Junta con un “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año, cuando se llevaron a cabo 126 expedientes con un gasto de 56,6 millones de euros.
