Tras conocer que la justicia andaluza ha admitido a trámite la denuncia interpuesta contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla por malversación y prevaricación en los contratos de emergencia aprobados durante la pandemia, el PSOE-A ha insistido en la gravedad del fraccionamiento de estos contratos menores, una actividad que ha supuesto que estén hasta 458 millones de euros “bajo sospecha”.
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ante la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por esta cuestión, ha reiterado que las actuaciones sobre estos contratos irregulares podrían ser constitutivas de “delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación” al no haberse garantizado la “concurrencia ni la publicidad”.
Un escenario que se entiende debido a que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) hizo “oídos sordos a la derogación de la norma y siguió contratando” por un cómputo global de unos 300 millones de euros. “No vamos de farol, exigimos responsabilidades, empieza la hora de la verdad. (…) Es un modus operandi, no es algo puntual. Son contrataciones a dedo y nos iremos enterando de quiénes son los beneficiarios”, ha subrayado Espadas.
Con respecto al montante de dinero que podría suponer este caso, Espadas ha tachado de “increíble e inconcebible” que se esté hablando de más de 450 millones de euros, criticando a la vez los intentos de “cortinas de humo” que ha tratado de levantar el Gobierno andaluz al respecto. Con este modo de actuar, a su juicio, ha señalado que se está creando “impunidad en la contratación pública, contratando con quien se quería por la cuantía que se quería, facturando millones en salud”, ha proseguido reprochando.
El PSOE-A subraya que "todo está contaminado"
A su vez, estas palabras las ha venido defendiendo el parlamentario socialista Rafael Márquez en la interpelación relativa a esta contratación que tuvo lugar en el SAS, señalando que en este sistema “absolutamente todo está viciado, contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada”.
De esta manera, y tal y como ya se está tramitando judicialmente de la mano del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, los fraccionamientos de contratos menores para evitar los procedimientos transparentes y con concurrencia, así como la realización de prórrogas en contratos sin estar previstas, los socialistas han cifrado en hasta 458 millones de euros los que están "bajo sospecha" por trocear contratos de forma irregular.
“Todo ello, fraccionamientos de contratos, prorrogas al margen de la ley, prorrogas sin consignaciones presupuestarias, o el abuso de la contratación de emergencia entre otros, ha estado dirigido exclusivamente a asentar, a implantar un sistema de contratación a dedo, sin controles, sin transparencia, sin concurrencia, y con un claro menoscabo de los fondos públicos”, ha trasladado Márquez.
Y es que estas denuncias de irregularidades se prolongan desde hace más de año y medio, lo que ha abocado a un “menoscabo de fondos públicos”: “Sólo nos falta despejar la incógnita de cuánto, llegaremos hasta el final”, ha garantizado el socialista. Y es que ha remarcado, en los mismos términos, que el argumentario de la Junta de Moreno Bonilla no es válido debido a que estas contrataciones no sólo estuvieron vigentes durante la pandemia, sino que “han seguido contratando de manera irregular hasta ahora”, para ser más exactos, hasta 2023, pese a que fueron derogados en la primavera de 2021.
Posibles delitos de malversación y prevaricación
El caso a investigar, y que pone en el epicentro de la cuestión a la dirección de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, aborda la denuncia presentada por el PSOE el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación en la contratación de emergencia en el SAS durante los meses de pandemia; unos contratos que se prolongaron hasta 2023 pese a su finalización dos años antes.
Los acuerdos alcanzados en dicho proceso superan el valor económico de más de 300 millones de euros, una cantidad que fue destinada a empresas privadas, por lo que se denunció, de parte de los auditores del SAS, su uso “indebido”.
El análisis que se realizó posteriormente en septiembre del año pasado resultó “desfavorable” para la Junta andaluza por reflejar el “mal uso o abuso” del sistema de contratación durante aquel periodo, cuando se llevaron a cabo 126 expedientes con un gasto total de 56,6 millones de euros.
A este escenario no se suma únicamente las acuciadas listas de espera o las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sino también el reparto, que salió a la luz tres años atrás, que realizó la Consejería entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén a dedo por valor de 458 millones de euros.
