La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez instructor del ‘caso Leire’, el magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que recabe todos los movimientos bancarios de Ferraz, es decir, del PSOE, entre los ejercicios de 2024 y 2025, cuando se localizan los hechos que comprenden la causa bajo lupa judicial.
Según ha avanzado este jueves Cadena Ser en regla con un oficio fechado de este lunes, los agentes de la UCO instaron al magistrado instructor a realizar un informe que contenga “al menos” una lista detallada con datos bancarios en los que figuren desde titulares hasta disposiciones o cobros en efectivo, además de bienes inmuebles o relaciones societarias en el marco del PSOE y PSC durante los dos últimos años.
En este sentido, solicitan registros en cuentas del partido en entidades bancarias como BBVA, Santander, CaixaBank, Abanca, Sabadell y Unicaja para que “faciliten de forma directa” información sobre “movimientos y saldos”: “Teniendo en cuenta la naturaleza económica y la instrumentalización de operaciones comerciales dentro de los hechos que se investigan, se considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos información adicional tributaria y bancaria de determinadas personas físicas y jurídicas”, añade la UCO. Para "agilizar" la investigación, los agentes interesan que la información bancaria sea remitida por las entidades financieras directamente a los propios agentes investigadores.
Sin quedar en este punto, la UCO también ha reclamado datos y movimientos del despacho de abogados de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver; también del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, desde el cual se habría pagado los más de 40.000 euros a la exmilitante Leire Díez.
Indagaciones sobre el medio fundado por Díez
Como segundo punto a esta petición al juez Pedraz, el instituto armado también ha situado el foco en la relación entre el PSOE y una agencia de medios de comunicación y publicidad, el Grupo IKI, desde el cual se habría pagado 18.000 euros al diario digital fundado por la principal investigada, ‘Crónica Libre’.
El punto de encuentro vendría entre la proximidad de los pagos y la campaña publicitaria en Cataluña en las elecciones de 2024, por lo que los agentes de la UCO han tildado de “necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieron haber mantenido”. Motivo por el cual, se ha reclamado aportar “contratos, facturas, justificantes de pago, resultados de los servicios prestados y cualquier otra información”.
La UCO registra la empresa Tubos Reunidos
En lo que concierne a las últimas novedades judiciales en torno al caso, los agentes de la UCO también se han personado este jueves en la empresa Tubos Reunidos, en Bilbao, además de una planta en Amurrio (Álava) por orden del juez Pedraz. Fuentes del caso han precisado que los agentes tendrían un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Estas diligencias se enmarcan dentro de buscar posibles conexiones de transferencias de fondos de un rescate público en torno al presunto liderazgo que el juez le atañe al que fuera secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán, teniendo en cuenta que esta empresa fue una de las señaladas en diciembre de 2025.
El juez Pedraz podría unificar las dos causas abiertas en una
Bajo el mismo marco de actuaciones, cabe matizar que este miércoles trascendió la intención del magistrado instructor de la Audiencia Nacional por aunar en una misma causa todo el compendio de investigaciones en torno a las maniobras de Leire Díez.
El juez Pedraz así se lo reclamó al titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, al considerar que las pesquisas que se investigan forman parte de la causa de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el juez madrileño atribuye a Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiño, una “actuación delictiva, continuada y coordinada·” para “recabar información comprometida o irregular” de mandos de la UCO y de Anticorrupción.
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