Este mismo lunes el Partido Socialista de Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para solicitar a la Junta de Andalucía el derecho a una muerte digna de los andaluces y andaluzas. 

La PNL llega al Parlamento en un momento en el que el Gobierno encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla está poniendo "serias dificultades" para que los andaluces y andaluzas puedan afrontar los últimos momentos de su vida con la mayor seguridad y dignidad posibles. 

Sobre esto se ha pronunciado María Ángeles Prieto, portavoz socialista de Salud, quien ha puesto el acento en la falta de recursos que actualmente carecen los ciudadanos andaluces especialmente en esta materia. "En estos momentos, las y los ciudadanos están encontrando serias dificultades para poder ejercerlo, precisamente cuando las personas atraviesan una situación más vulnerable". 

En la misma línea, Prieto se ha dirigido al gobierno de Bonilla para recordarle que se trata de un derecho amparado por la ley, tanto por la legislación nacional como la autonómica, y considera así necesario que se pueda ejercer en los momentos más delicados de la vida. 

La proposición no de ley se ha presentado conjuntamente con la asociación Derecho a Morir con Dignidad (DMD) en Andalucía, así como una serie de iniciativas vinculadas al establecimiento de garantías para el acceso a los cuidados paliativos "vivan donde vivan" los ciudadanos. 

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. EP/Archivo.
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Con todo ello, desde el PSOE-A han exigido "que se resuelvan de una vez las graves dificultades que tiene ahora mismo el acceso al registro de voluntades anticipadas y que se pongan en marcha iniciativas de apoyo, como las planteadas por el PSOE, para que se apoye a los profesionales con formación y con equipos referentes para que puedan acompañar y ayudar a las personas a morir sin sufrimiento y a decidir el final de sus vidas". 

Dicha proposición llega al Parlamento andaluz después de que en mayo DMD denunciara ante el Defensor del Pueblo trabas e incumplimientos por parte del gobierno de Bonilla. Desde que se aprobó la Ley de Eutanasia en 2021, se habían registrado 137 solicitudes de morir con ayuda y tan solo se llevó a cabo en 53 casos. En este momento, la portavoz de Salud ya denunció la situación, señalando además que había 1.300 sanitarios objetores de conciencia. 

Una situación que en Andalucía encuentra su origen prácticamente después de aprobarse dicha Ley. De esta manera, apenas un año después, en 2022, desde la asociación Derecho a Morir con Dignidad ya señalaban las irregularidades y tildaban la aplicación de la Ley en Andalucía como "un caos". 

En ese momento, una de los miembros de la ejecutiva nacional y presidenta en Málaga de la asociación, Eva Camps, señaló: "Los andaluces no son igual de libres que en otros territorios para acogerse a este derecho. Echamos en falta voluntad política y la implicación de la Consejería de Salud en la formación de sus profesionales. Es una cuestión de objección de conciencia, no conveniencia". 

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