El caso de presunto acoso sexual que salpica al alcalde del Partido Popular en Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha escalado en tensión política y judicial. Frente a un silencio institucional por parte del Gobierno andaluz, el PSOE ha decidido tomar la iniciativa. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha comparecido públicamente para anunciar que su partido llevará el caso “hasta el final” y que lo hace “en nombre de todas las mujeres que no pueden hacerlo”.

Las acusaciones no se limitan al presunto comportamiento del alcalde. La preocupación se extiende también al uso que podría haberse hecho de fondos públicos para proteger al regidor. La Justicia ha instado al Ayuntamiento de Algeciras a que entregue en un plazo de siete días toda la documentación relativa a las contrataciones de personal de confianza y asesores, tras una denuncia de los socialistas. Temen que se haya recurrido a dinero público para “comprar el silencio de mujeres o de personas que disponían de información comprometida”.

Márquez ha sido especialmente crítica con la actitud del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del PP andaluz, que, según sus palabras, se mantienen “en el más absoluto silencio” pese a la gravedad del asunto. "Mientras el PP nos manda callar por todas las vías que tiene a su alcance, el PSOE dice a las mujeres: 'Hermana, yo sí te creo'", ha proclamado la dirigente socialista, señalando la ausencia total de condena pública por parte de los responsables populares.

A juicio del PSOE, no se trata solo de una cuestión local o de escándalos individuales. “Si el PP pensaba que esto era un tema de ‘dos mujeres allí en Algeciras’, se equivocan”, ha advertido Márquez, quien ha asegurado que llegarán hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido. En sus palabras resuena un reproche claro a una forma de hacer política que evita rendir cuentas cuando se trata de los propios.

Los ecos del silencio: Aguirre, Landaluce y la falta de explicaciones

A las denuncias de acoso que pesan sobre Landaluce se suma ahora el comportamiento machista del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, hacia la parlamentaria socialista Rocío Rabal. Cuatro días después, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado que en el PP “no haya habido una reflexión, ni se haya llamado a la diputada ni pedido disculpas”.

El silencio —vuelve a insistir Ruiz Boix— se extiende desde hace más de nueve meses respecto a las denuncias contra Landaluce. Ni Feijóo, ni Moreno Bonilla, ni ningún portavoz del partido ha dado explicaciones públicas. “Nada se sabe del protocolo indagatorio o sancionador que dijeron que iban a abrir”, denuncia el líder provincial, quien también ha recordado que el presidente de la Junta evitó responder el pasado jueves en el Parlamento cuando fue preguntado por la permanencia de Landaluce en sus cargos.

La secretaria general del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal, ha vinculado el escándalo político con la parálisis municipal que, según ella, sufre la ciudad. Denuncia que mientras la deuda del consistorio supera los 300 millones de euros, Landaluce dedica sus esfuerzos a “hacerse fotos para blanquear su imagen” y desviar la atención hacia otros asuntos, como el tren o Gibraltar, en un intento de confrontar con el Gobierno central.

Pero Arrabal ha ido más allá. Ha criticado que el alcalde inaugure clínicas privadas mientras los pacientes oncológicos se ven obligados a desplazarse 100 kilómetros por falta de personal en el hospital público. “Se burla de todos los algecireños”, ha sentenciado, señalando también la falta de exigencia de Landaluce a la Junta en materias como Sanidad, Educación, Dependencia o Empleo. “Se anuncian inversiones que nunca llegan”, ha recordado.

La respuesta del alcalde: negación y victimismo

Mientras arrecian las críticas y las exigencias de explicaciones, el alcalde de Algeciras se defiende atacando. José Ignacio Landaluce ha calificado todo el caso como “una campaña del PSOE muy bien orquestada” y ha asegurado que “el acosado y perseguido” es él. Según ha detallado en una rueda de prensa, ha iniciado acciones judiciales a través de burofaxes, entre ellos al diario Público, que fue el primero en publicar la noticia.

Landaluce sostiene que no hay ninguna denuncia formal contra él y ha reiterado que no está investigado judicialmente. A pesar de ello, la Justicia ha dado validez a la denuncia del PSOE en lo relativo a las contrataciones y ha ordenado entregar documentación clave en apenas siete días. La estrategia de Landaluce se basa en deslegitimar al adversario político mientras se desvía del fondo de la cuestión: las graves acusaciones de acoso que pesan sobre su figura.

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