El cerco judicial y político se estrecha sobre Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de la Junta de Andalucía afronta nuevas acusaciones por presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia. Correos internos, contratos firmados con su visto bueno y al menos “tres que pueden tirar de la manta” alimentan la investigación de la Justicia sobre un supuesto desvío millonario a la sanidad privada mediante facturas con fechas alteradas y precios inflados.
Correos y documentos que apuntan al Consejo de Gobierno
En el foco de las pesquisas judiciales se encuentran varios correos electrónicos enviados desde el SAS a distintas clínicas privadas. Según fuentes cercanas al proceso, dichos correos incluirían instrucciones para que las empresas renunciaran a contratos ordinarios más económicos y, en su lugar, aceptaran contratos de emergencia con tarifas muy superiores. Estos contratos fueron autorizados por el Consejo de Gobierno andaluz en el marco de la pandemia, aunque las adjudicaciones se extendieron mucho más allá del estado de alarma y de las necesidades extraordinarias.
La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Márquez, ha sido rotunda en sus acusaciones: “La Justicia investiga papeles con la firma de Moreno Bonilla en la eliminación de controles previos en las contrataciones del Gobierno andaluz con sospechas de que han podido falsificar facturas con la sanidad privada”. Los documentos en cuestión incluirían firmas y autorizaciones que, según el PSOE, implican directamente al presidente autonómico.
1.500 millones sin control y facturas con fecha alterada
El volumen económico de la presunta trama es otro de los puntos que más alarma ha generado en la oposición. Según Márquez, la justicia está analizando el destino de 1.500 millones de euros asignados por el Gobierno andaluz a clínicas privadas “a dedo y sin control”. En esta línea, ha reclamado respuestas a Moreno Bonilla sobre si su Ejecutivo cambió las fechas de facturas para que determinadas clínicas pudieran cobrar con fondos públicos bajo la excusa de una emergencia sanitaria que ya no existía.
“Queremos respuestas de Moreno Bonilla a si han cambiado la fecha de facturas a clínicas privadas para pagarlas con dinero público con la excusa de una emergencia por la pandemia que ya no existía, si han falsificado facturas para seguir pagando a precio de oro contratos con la privada mientras destrozan la sanidad pública”, ha afirmado Márquez en sede parlamentaria.
Tres testigos clave dispuestos a declarar
En paralelo al rastreo documental, la investigación podría dar un giro trascendental si se confirma la existencia de “tres que pueden tirar de la manta”. Según fuentes judiciales y medios como El Libre, estos testigos son nada menos que los tres últimos gerentes del SAS bajo el mandato de Moreno Bonilla: Valle García, actual gerente, y sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Estarían en condiciones de aportar información decisiva sobre las órdenes emitidas, los procedimientos internos y cómo se gestionaron los contratos destinados a la sanidad privada.
Adicionalmente, en el caso de Cádiz se ha sumado como investigado el director económico de la Central Provincial de Compras del SAS, Demetrio González Mera, citado a declarar primero como testigo y luego como imputado por presunta malversación relacionada con contratos fraccionados por 235 millones de euros. Su testimonio podría resultar crucial para explicar quién ordenó trocear expedientes para eludir controles y cómo se justificaron los pagos millonarios.
Bloqueo a la fiscalización y ceses en la Intervención
El PSOE-A también ha puesto el foco en las trabas para el control de los contratos. Márquez ha acusado a Moreno Bonilla de proteger a los cuatro gerentes del SAS imputados “vetando que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos menores de la Junta de Andalucía del año 2022 y 2023”. Además, ha denunciado el cese de empleados públicos de la Intervención General que advirtieron de la presunta ilegalidad de los contratos, una práctica que, según la oposición, persigue amordazar a los funcionarios que alertan sobre irregularidades.
“En el Gobierno andaluz no dimite nadie, nadie da explicaciones”, ha lamentado Márquez, que ha reprochado al presidente que “sale todos los días hablando del de enfrente, pero sin tomar medidas en su Gobierno”.
Por su parte, el presidente Moreno Bonilla ha defendido su gestión, aduciendo que todos los contratos contaban con “aval jurídico y el aval de la Intervención” y que toda mala práctica sería castigada administrativamente. Asimismo, no ha dudado en calificar las acusaciones como una “operación con trasfondo político”.
