La causa que investiga la contratación a dedo millonaria en la sanidad andaluza durante los últimos cinco años tiene un nuevo rostro. El pasado 21 de mayo el juez que dirige la causa, José Antonio Gómez Díez, incluía en su providencia por primera vez al Director General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda, quien también fue responsable de la contabilidad desde 2019 hasta su cese, el pasado mes de marzo.
Con ello, el último vinculado a la investigación se une a los tres cargos ya imputados por presunto delito de prevaricación: Valle García, responsable en la actualidad; y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Aunque el juez no lo ha imputado, menciona al alto cargo en la última resolución a la vez que reclama el “expediente completo” de las obras de “terminación” del antiguo Hospital Militar de Sevilla, recurrentemente abanderado por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, así como el informe de verificación de gastos con fondos europeos firmado por el exdirector general de Gestión Económica del SAS.
Miranda, al frente de los presupuestos del SAS
Lo cierto es que el nuevo nombre en la investigación ha supuesto uno de los pilares fundamentales en la política presupuestaria de la sanidad andaluza durante los últimos cinco años, un periodo en el que la pandemia del Covid-19 ha generado una profunda brecha en el sistema sanitario de Moreno Bonilla, donde las listas de espera en intervenciones quirúrgicas han ido aumentando progresivamente hasta alcanzar el colapso y la Atención Primaria ha sufrido un profundo deterioro.
Paralelo a ello, también ha sido un periodo en el que la Junta ha primado la contratación a dedo bien a través de contratos de emergencia, con contratos menores o mediante contratos negociados sin publicidad. Y ha sido en este ámbito donde el papel de Mirando ha cobrado especial relevancia. La mayor parte de esas adjudicaciones han sido objeto de investigación y denuncia por parte de los interventores del SAS, publicando asimismo informes desfavorables a las alegaciones de Miranda.
El alto cargo recién señalado por el juez trató de justificar como urgente un contrato de emergencia para una obra “programada para 13 meses” con un sobrecoste de 18 millones de euros. Sin embargo, la Intervención lo rechazó al considerar “incongruente” que Miranda hablara de emergencia cuando el expediente de gasto señalaba una “previsión” de “larga duración”. Un informe que, además, señaló que la Junta quebrantó la Ley de Contratos Públicos y que ahora el juez trabajará por esclarecerlo.
Varapalo judicial a Moreno Bonilla
Todo ello se produce en un momento en el que la Audiencia de Sevilla ha concluido que la personación de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE “no ha lugar”. De esta forma, el Tribunal ha asestado un duro varapalo a la administración de Moreno Bonilla, que había movilizado a su gabinete jurídico para solicitar reincorporación a la causa. El Ejecutivo no está presente en la pieza debido a la petición de sobreseimiento que trasladó la expresidenta, Susana Díaz, hace nueve años. Ahora, la Audiencia sopesa presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El planteamiento de esta figura deriva de la orden del Tribunal Constitucional (TC) de que se emitan nuevas sentencias sobre el caso, fruto a su vez de la decisión del Alto Tribunal de anular las condenas a una decena de inculpados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. La Sección Primera de la Audiencia ha celebrado tres sesiones de deliberación para decidir si plantea finalmente o no dicha cuestión prejudicial sobre el asunto ante el TJUE y ha emitido una providencia en la que rechaza la personación de la Junta.
"No ha lugar a lo solicitado" por la Junta, "al no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles", apunta la Audiencia. Esta petición fue criticada por defensas como la del expresidente Griñán y ahora se ha reabierto el debate. De fondo aparece la decisión tomada por el Constitucional en torno a las penas, por la que la Audiencia preguntó a las partes.
