Entre 2023 y 2024, la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió seis alertas por un posible menoscabo de fondos públicos que supera los 22 millones de euros, detectados en distintos organismos públicos de la comunidad. Estas irregularidades, atribuidas a posibles casos de dolo, culpa o negligencia grave, fueron comunicadas formalmente a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, con el objetivo de frenar la pérdida de dinero público y depurar responsabilidades, tal y como ha adelantado el diario El País.
La Agencia IDEA concentra la mayoría de las alertas, incluyendo la falta de reclamación de 15 millones en préstamos reembolsables concedidos a empresas, avales fallidos por 7,5 millones y un convenio con el Consorcio Fernando de los Ríos que generó un perjuicio de 2,2 millones. La gestión de IDEA fue especialmente controvertida porque su exdirector, entre 2022 y 2024, es el actual interventor general, Miguel Ángel Figueroa, lo que provocó un conflicto de interés en la firma de los informes. Aunque la consejera argumenta que se está esperando un dictamen jurídico para determinar quién debe firmar el informe de actuación, la Intervención General asegura que la firma debería recaer, como es habitual, en la directora de división correspondiente, y que el retraso es injustificado.
Otras agencias implicadas son la agencia agraria y pesquera Agapa, Apae, el Servicio Andaluz de Empleo, el Parque de las Ciencias de Granada y el Consorcio Fernando de los Ríos, donde se detectaron irregularidades contables, pagos indebidos y deudas prescritas sin intentar su cobro. Estos casos afectan a la credibilidad de la gestión pública y reflejan una preocupante falta de control y seguimiento en el uso de recursos públicos. Algunos hechos ya han prescrito administrativa o judicialmente, lo que limita la posibilidad de sanciones o recuperaciones efectivas.
De esta forma, la eficiencia de los mecanismos de fiscalización interna del Gobierno andaluz se ve muy cuestionada, y la falta de diligencia puede traducirse en impunidad para los responsables. Tras conocerse el pasado miércoles que el interventor general, Miguel Ángel Figueroa, mantuvo durante cuatro meses sin tramitar varias propuestas de informes de actuación, la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, defendió el retraso de la principal propuesta, relacionada con la agencia IDEA. Según explicó, “no hay nada paralizado”, sino que se está a la espera de un dictamen del gabinete jurídico que aclare quién debe firmar el informe, dado que Figueroa debe abstenerse por haber dirigido anteriormente dicha agencia. “Ese es el motivo del retraso. Estamos esperando saber quién es la persona competente para firmar la propuesta”, ha asegurado la consejera.
Los pasos del bloqueo de Moreno Bonilla
La oposición acusa al Gobierno andaluz de implementar mecanismos para obstaculizar la fiscalización y protegerse de posibles escándalos de corrupción. Según el PSOE-A, Bonilla habría debilitado los controles internos mediante ceses de interventores críticos, como el de la interventora general María Antonia González, y la transferencia de competencias de control financiero al interventor general, Miguel Ángel Figueroa, quien anteriormente dirigió la Agencia IDEA.
Estas acciones, según la oposición, buscan crear una red de opacidad institucional para esquivar el escrutinio público y judicial, permitiendo la contratación sin control ni publicidad, favoreciendo a entidades privadas en detrimento de la sanidad pública. El PSOE-A sostiene que esta estrategia ha facilitado el desvío de fondos públicos, estimado en hasta 1.500 millones de euros, hacia entidades privadas, sin los controles legales adecuados.
En este contexto, las alertas emitidas por la Intervención General sobre el posible menoscabo de fondos públicos reflejan una preocupación por la falta de control y transparencia en la gestión pública, en un momento en que se cuestiona la eficacia de los mecanismos de fiscalización interna del Gobierno andaluz.
