Cuando alguien quiere esconder algo, lo primero que hace es apagar la luz. En Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha ido más allá: no solo ha apagado la luz, también ha cerrado las ventanas, ha cambiado las cerraduras y ha pintado de negro las paredes. Eso es, al menos, lo que denuncia el PSOE-A, que acusa al líder del PP andaluz de haber tejido una red de opacidad institucional para esquivar el escándalo de su gestión sanitaria y frenar cualquier investigación que lo relacione con un desvío millonario de fondos públicos.
Según la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, el Gobierno de Moreno “se cargó los controles previos” de la gestión económico-financiera de la Junta para poder contratar “de forma corrupta, sin control ni publicidad, dando el dinero a quien le daba la gana y como le daba la gana”. Una supuesta emergencia sanitaria inventada habría servido como coartada para justificar la externalización de contratos a dedo, sin transparencia ni concurrencia.
Los datos que maneja el PSOE-A apuntan a un agujero de 1.500 millones de euros desviados desde la sanidad pública andaluza hacia entidades privadas. Este desvío habría sido facilitado mediante el troceo reiterado de adjudicaciones para esquivar los controles legales, según recogen 19 informes de la Intervención delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyos responsables fueron apartados una vez se convirtieron en testigos “incómodos”.
El relevo de la interventora del SAS no fue un movimiento aislado. Férriz denuncia que la Junta ha transferido la capacidad de entrega de documentación judicial al interventor general de la Junta, una figura que, aseguran, cuenta con la confianza de Moreno Bonilla y que actualmente retiene tres informes críticos y paraliza expedientes que podrían comprometer la imagen del Ejecutivo andaluz.
Otro de los pilares del sistema de control que ha sido, según los socialistas, manipulado por el PP andaluz es la Cámara de Cuentas de Andalucía. Su actual presidente, Manuel Alejandro Cardenete, promovió un cambio en el reglamento para impedir la fiscalización de contratos menores entre 2022 y 2023, un periodo clave en el que se habrían concentrado numerosas adjudicaciones bajo sospecha.
“Moreno Bonilla ha puesto la Cámara de Cuentas a su servicio”, sentencian desde el PSOE-A, que llevará este jueves al Parlamento una proposición no de ley para exigir responsabilidades políticas y la restitución de competencias a los órganos de control. La ofensiva no solo apunta a la Cámara de Cuentas, sino a lo que consideran una “trama institucionalizada” para evitar la rendición de cuentas.
“Parecen una banda organizada de corrupción sanitaria”, ha llegado a afirmar Férriz, aludiendo al sufrimiento de miles de andaluces que siguen en listas de espera mientras los fondos públicos se habrían desviado a empresas privadas sin justificación real.
Desde el Gobierno andaluz, sin embargo, insisten en que se trata de una reorganización administrativa y que los contratos de emergencia durante la pandemia fueron legales y necesarios. Niegan que se hayan eliminado controles previos, pese a que las competencias han sido claramente reubicadas.
