La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha elevado este martes al Congreso de los Diputados la presión sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a raíz de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno. En una contundente intervención, Montero ha preguntado al diputado del PP Elías Bendodo si el dirigente andaluz es “conocedor o cómplice” de las “irregularidades que se están produciendo en su entorno”.
La ministra ha exigido respuestas claras sobre el presunto desvío de 1.500 millones de euros a la sanidad privada, una operación que, según ha recordado, está siendo investigada por los juzgados de Sevilla y Cádiz. “¿Es usted responsable o lo es el señor Moreno Bonilla?”, inquirió Montero directamente a Bendodo, estrecho colaborador del presidente andaluz.
Además, la vicepresidenta ha puesto el foco en los contratos de interinos que, de acuerdo con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incumplieron los principios de mérito y capacidad exigidos legalmente. Montero denunció también la paralización de la fiscalización de contratos sanitarios en la Cámara de Cuentas de Andalucía, y sugirió que el objetivo podría ser ocultar posibles irregularidades de la etapa en la que Moreno Bonilla fue consejero de Sanidad.
“¿Es responsable el presidente de haber bloqueado esa fiscalización para que no se conozca la verdad?”, preguntó Montero, que cerró su intervención con una acusación directa: “¿Es Moreno Bonilla conocedor o cómplice de estas irregularidades?”.
Privatización encubierta, el desmantelamiento del sistema público
La gravedad de las acusaciones reside en su cuantía: cifrada en 1.500 millones, la desviación estaría distribuida a través de miles de contratos menores, fraccionados y adjudicados a dedo entre 2021 y 2023. Según informes de la Intervención del SAS, parte de esos contratos —más de 458 millones ya investigados— incumplieron la ley de contratación pública y se tramitaron sin concurrencia ni publicidad. En Cádiz, por ejemplo, se contabilizaron 175 expedientes supuestamente fragmentados que acumulan 235 millones en contratos menores “en fraude de ley”.
Los focos judiciales se han encendido en varios tribunales, incluyendo los juzgados de Sevilla y Cádiz, que analizan tanto los fraccionamientos como el uso prolongado del régimen de emergencia más allá de la pandemia. Además, se suman testimonios que señalan que, en pleno 2022‑2023, la Cámara de Cuentas paralizó su propia fiscalización de esos contratos, tras un cambio reglamentario promovido por la Junta.
Frente a ello, el Gobierno andaluz sostiene que los procedimientos de contratación fueron amparados bajo decretos de emergencia sanitaria, ahora prolongados, y que los cambios organizativos en la Cámara de Cuentas o en la Intervención del SAS responden a procesos de reestructuración administrativa. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas indagaciones, y la jueza de Cádiz ha citado a altos cargos, entre ellos el jefe de compras del SAS, en calidad de investigado por malversación.
Una sanidad pública desbordada: la otra cara del escándalo
Mientras las cifras del presunto desvío de fondos a la sanidad privada sacuden el Parlamento y los tribunales, en los hospitales y centros de salud de Andalucía la situación es cada vez más insostenible. La precariedad del sistema público se ha convertido en un clamor social que trasciende la confrontación partidista. Listas de espera que superan los 140 días, profesionales que denuncian sobrecarga y pacientes que tardan meses en obtener una cita con el especialista: ese es el día a día de miles de andaluces.
En los últimos años, organizaciones sanitarias, sindicatos y colegios profesionales han alertado de un deterioro sostenido. En zonas rurales y áreas urbanas con menor cobertura, la atención primaria se ve reducida a mínimos, con consultas médicas saturadas y sin capacidad para abordar la prevención o el seguimiento de enfermedades crónicas. En muchos casos, los centros de salud cierran por las tardes o no cubren bajas médicas durante semanas, lo que obliga a derivar a los pacientes a otros municipios.
Este colapso no es solo consecuencia de la pandemia, como alega el Ejecutivo autonómico. Los informes del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) apuntan a un déficit estructural de plantilla, inversión insuficiente en infraestructuras y una dependencia creciente de conciertos con la sanidad privada. El número de camas hospitalarias públicas por habitante está por debajo de la media nacional, mientras que los recursos destinados a los hospitales concertados han ido en aumento.
Este contexto de debilidad estructural sirve de telón de fondo para entender el impacto político y social del escándalo de los contratos. La sospecha de que 1.500 millones de euros salieron del circuito público para financiar clínicas privadas, mientras la sanidad pública se hundía, no solo erosiona la imagen del Gobierno andaluz: alimenta un sentimiento de abandono entre pacientes y profesionales que ya se está traduciendo en movilizaciones y protestas.
