La Organización de las Naciones Unidas lanza un aviso a España por incumplir su deuda con la memoria histórica. Cuatro relatores de la ONU concluyeron en febrero que nuestro país "estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" por la falta de investigación sobre los crímenes del franquismo. La ONU pone el foco en el archivo de querellas relacionadas con las atrocidades de la dictadura, como asesinatos.
Las asociaciones de derechos humanos y memoria Irídia y CEAQUA presentaron una queja sobre las trabas para investigar hasta 18 casos presentados en los tribunales desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria de 2022. La respuesta la firman el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas.
Inciden en su "seria preocupación" por esta situación, y recuerdan que "mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante la dictadura y los años posteriores, está "incumpliendo sus obligaciones". Asimismo, piden al Gobierno que transmita esta observación a los tribunales, que son los que están bloqueando estas investigaciones, "a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales" que deben aplicar.
Los tribunales se amparan en la Ley de Amnistía de 1977
El pasado 26 de marzo, el Congreso convalidó una reforma de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que extendía el estatus de víctima del franquismo a los asesinados, mutilados y torturados en los últimos años de la dictadura y los primeros de la Transición —de 1968 a 1978—, ampliando para esos casos las indemnizaciones. Sin embargo, esto no ha servido para esquivar los impedimentos legales para investigar estos crímenes, como por ejemplo la Ley de Amnistía de 1977, a pesar de que la norma de 2022 impulsó la creación de una fiscalía especializada en este tipo de casos.
Este fue el caso de la denuncia por el asesinato de Teófilo del Valle, un joven trabajador del textil que mató a tiros la Policía Armada —el antecedente franquista de la Policía Nacional— en una manifestación obrera en Elda (Alicante) el 24 de febrero de 1976, y que está considerado como la primera víctima de la represión durante la Transición. Tras presentarse la querella, se llamó a declarar a Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior y responsable de ese cuerpo policial, y se propuso su imputación.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante archivó la causa hace apenas una semana, amparándose en la Amnistía de 1977, que extiende el perdón a los delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, por lo que Martín Villa quedaría excluido. En 2024, después de que se archivara otra causa por las torturas a Julio Pacheco, el Tribunal Constitucional advirtió de que la Ley de Memoria de 2022 no cambiaba el escenario, que es lo que ahora denuncia la ONU.
Los relatores recuerdan que "el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías" en el caso de los crímenes de lesa humanidad, y que los estándares "estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar" ese tipo de actos. Hacerlo, como advierten que está permitiendo España a sus tribunales, impide "el acceso de las víctimas a un recurso efectivo".
El Gobierno admite que no tiene datos
La respuesta del Gobierno ha sido admitir que no tienen datos sobre por qué no hay investigaciones judiciales sobre esos 18 casos denunciados por las asociaciones. Fue en abril, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores aclaró que la estadística judicial no desglosa los datos sobre esta cuestión, y que los únicos disponibles —de la Memoria Anual de la Fiscalía 2025— muestran que se iniciaron diez expedientes de seguimiento por querellas de crímenes durante el franquismo por parte de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Ejecutivo explica que los tribunales inadmiten o dan carpetazo a estas causas "basándose en normativas penales internas" y por la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, tratan de quitarse de encima las acusaciones de la ONU argumentando que la Fiscalía ha promovido las investigaciones, por ejemplo, con "la consolidación" de 49 fiscales especializados, el "combate procesal" contra los archivos automáticos de las causas o el impulso de "diligencias de investigación preprocesal" cuando se hallan restos humanos en fosas comunes que muestran signos de violencia.
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