El ICAM, condenado por impagos al Consejo General de la Abogacía

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha sido condenado por su decisión unilateral de reducir la aportación trimestral que los colegios de la profesión de todo el país aportan al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), corporación que los agrupa a todos. Esta decisión, tomada a finales de 2024 de cara a las cuentas de 2025, propició que el decano del ICAM, Eugenio Ribón, fuese expulsado del órgano de dirección del CGAE y, ahora, se ha sumado una sentencia contraria que obliga al colegio madrileño a saldar su deuda.

Un nuevo varapalo para el ICAM, señalado por su cercanía a Isabel Díaz Ayuso, que deberá resolverse con el abono de 96.190 euros. Así consta en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, adelantada por elDiario.es, al considerar la magistrada que el órgano liderado por Ribón no impugnó en tiempo y forma las cuentas del CGAE, que sirven a la corporación profesional para atender los gastos derivados de su actividad y se nutren, fundamentalmente, de las cuotas de los colegios regionales.

“Dado que los presupuestos aprobados para el ejercicio 2025 del CGAE no han sido impugnados, procede la íntegra estimación de la demanda, condenando al ICAM a pagar al CGAE la totalidad de la factura emitida correspondiente a la cuota censal del primer trimestre del año 2025”, falla la jueza. La aportación del ICAM, igual que la del resto de colegios, está definida por el número de colegiados, pero el organismo madrileño incurrió en este impago al considerar que estaba pagando dos veces por el mismo servicio.

El ICAM debería haber abonado 733.814 euros, pero tan solo transfirió 637.623 euros. El CGAE intentó solucionar la situación antes de acudir a los tribunales, pero el colegio madrileño rechazó el pago y se cerró en banda, contraviniendo el artículo 98 del Estatuto General de la Abogacía Española. Ribón defendió “detraer” su aportación al CGAE y el resto de colegios regionales, representados en el pleno del Consejo, decidieron de forma colegiada acudir a los tribunales, donde han obtenido finalmente la razón.

Más polémicas del ICAM

El ICAM lleva un tiempo marcado por las polémicas, principalmente relacionadas con su apoyo acérrimo a los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los acuerdos alcanzados. La defensa de Alberto González Amador, corrupto confeso y novio de la baronesa del Partido Popular (PP), y su personación en la causa contra el ex fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir los bulos lanzados por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, levantaron muchas asperezas en el seno del colegio madrileño, al entender muchas voces que la imparcialidad estaba siendo vulnerada.

Sin embargo, la última de las polémicas se centra en la autorización dada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al ICAM para la apertura de una universidad privada (como centro adscrito de la Universidad Complutense). Este movimiento, deslizan muchos profesionales de la jefatura, está directamente relacionada con el posicionamiento del colegio en el caso de García Ortiz. Además, la posterior revelación de la contratación para el centro de figuras vinculadas al PP de Madrid (Pedro González Trevijano, Encarnación Roca, Consuelo Madrigal o Eduardo Torres-Dulce) añadió sospechas.

Esta sucesión de acontecimientos empujó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pilotado por Diana Morant, y al PSOE de Madrid a presentar sendos recursos contenciosos-administrativos contra la Orden 5465/2025 que fueron admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los denunciantes considerar que no existe habilitación legal para la creación de la universidad privada y denuncian que vulnera la normativa básica estatal, al no tener los colegios atribuida la función de docencia universitaria.

Asimismo, apuntan a que la orden del Ejecutivo madrileño contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario y el régimen estatal sobre la creación de nuevos centros universitarios. A estos puntos se suma la extralimitación de competencias del ICAM, la quiebra del modelo institucional del sistema universitaria y las consecuencias que esto podría tener para las competencias estatales en la materia. En resumen, el Ministerio considera que el ICAM no puede ofertar títulos universitarios oficiales “sin base legal, invadiendo competencias estatales y alterando el sistema universitario”.