La Abogacía Española, que representa a todos los Colegio de Abogados de más de 3.000 miembros, ha expulsado de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, polémico decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) muy cercano a Isabel Díaz Ayuso. Este cese llega fundamentado en los impagos de los que acusa el Consejo General de la CGAE al ICAM, que ha disminuido de forma unilateral la aportación trimestral, y en medio de la polémica por renunciar a la tasa de nueva incorporación que se imponía a los nuevo colegiados.
Ribón será sustituido por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, quien le arrebata su puesto en la Comisión Permanente y su condición de vicepresidente primero. El líder del ICAM suma una nueva polémica, en la que también involucra al Colegio, después de haber sido señalado recientemente por atentar contra la independencia de la corporación de derecho público, al defender abiertamente y en nombre de los 75.500 asociados a Alberto González Amadaro, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y atacar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Asociaciones que agrupan a abogados colegiados en el ICAM han levantado la voz tras un nuevo desprestigio del Colegio. Desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ya puso el grito en el cielo con el posicionamiento “partidista” de Ribón en el caso que enfrenta al exfiscal general y al novio de Ayuso, consideran “un despropósito y un desprestigio” esta último consecuencia, que golpea fuertemente a “una institución con la reputación que tenía el ICAM antes de que fuera presidida por Ribón”.
El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha decidido dejar de tolerar los desplantes de Ribón, que comenzaron hace justo un año, cuando el líder del ICAM disminuyó la cuota que aporta la corporación. La relación entre ambos se tensó aún más cuando, hace escasos días el Colegio de Madrid sacó sus presupuestos de 2026 retirando la exigencia a los nuevos afiliados de una tasa de incorporación destinada al CGAE. La Abogacía Española, tras estos movimientos, ha optado por renovar su cúpula, aunque sin aludir a estas afrentas.
Falta de independencia
Ribón no para de ganarse enemistades por su proceder, que dentro de Madrid ya ha escandalizado por supeditar la defensa de los intereses de sus 75.500 asociados a las campañas políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El culmen de esta cercanía llegó cuando la institución tomó la decisión de personarse como acusación popular en el caso del ex fiscal general del Estado, convirtiéndose en el único Colegio profesional en dar este paso y defender a un defraudador confeso.
Una vez cerrado, celebró el fallo emitido por el Tribunal Supremo, antes incluso de que se conociese la sentencia, sin aludir a los votos discrepantes y pese a que a la carencia evidente de pruebas. Una posición a todas luces partidista y cuyo mayor problema es que ha sido realizada desde el ICAM, no de forma individual por alguno de sus líderes, y en nombre de decenas de miles de colegiados.
Este movimiento, deslizan profesionales de la judicatura, coincidió en el tiempo, seguro que casualmente, con la autorización otorgada por la Comunidad de Madrid al Colegio para ofertar un grado en Derecho y varios másteres en modalidad de centro adscrito (educación privada) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tampoco parece que esto tenga nada que ver con la organización de conferencias contrarias a la ley de Amnistía en las que entre los ponentes invitados solo podían encontrarse exdiputados y antiguos altos cargos del PP y jueces conservadores.
