El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una corporación de derecho público constituida hace cientos de años para representar y salvaguardar los intereses de los letrados madrileños “con independencia y valores básicos”, según recoge la propia institución. Sin embargo, desde que Eugenio Rincón asumiera las labores de decano, en enero de 2023, el ICAM ha pasado a funcionar como un aparato más al servicio de la propaganda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, llegando al culmen de su supeditación con la defensa abierta de Alberto González Amador, novio de la presidenta autonómica.
La campaña para defender a un defraudador confeso, según su propio abogado, y hundir la carrera del ex fiscal general del Estado, pese a no existir pruebas y contrariamente a los testimonios de los periodistas, han llevado al ICAM a asumir la sorprendente postura, al ser un colegio profesional con miles de profesionales con diversas sensibilidades, de acusación popular. Los líderes del Colegio han celebrado la condena de Alvaro García Ortiz, en nombre los 75.500 asociados, y ahora se ha conocido, gracias a la denuncia de varias asociaciones progresistas, que pueden existir detrás otros intereses.
Nunca se había producido esta falta de neutralidad política
El ICAM se “instrumentaliza y se pone al servicio de intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”, concretamente de Ayuso y su pareja, denuncian desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Defiéndete en Derecho. “Resulta inadmisible y compromete la institución del Colegio, que ha sido puesto, objetivamente, al servicio de una estrategia de defensa” sin dudar en “tergiversar los hechos” para este cometido. Más inadmisible si, a la par, esto coincide con autorizaciones académicas desaconsejadas por el propio organismo fiscalizador de la Comunidad de Madrid.
Las dos asociaciones progresistas han trasladado esta queja al propio decano a través de un escrito y reclaman una Junta Extraordinaria para esclarecer lo sucedido. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo (el del fiscal general) sin los argumentos de la sentencia condenatoria (pues aún no era pública en ese momento) y sin conocer la discrepancia que recogen los votos particulares”. Más cuando la posición del Colegio y su personación en el juicio se dio “en coincidencia temporal con la autorización para impartir un grado de Derecho y másteres diversos como centro adscrito (privado) de la Universidad Complutense de Madrid”.
La coincidencia podría sugerir un posible intercambio de favores entre un Gobierno, el de Ayuso, y una corporación de derecho público, el Colegio que se supone que debería representar a más de 75.000 abogados. O también pudiera ser que exclusivamente responda a un dogmatismo ideológico del Decano y su Junta de Gobierno que subyuga, a su vez, a miles de profesionales al ayusismo más recalcitrante, tal y como denuncian un gran número de abogados madrileños. O podría ser que ambas convivan a la par (siempre presuntamente).
Sectarismo y servilismo
Lo que no es presunto, dado que existe una constancia clara, es que el liderazgo de Rincón no ha hecho más que fragmentar el ICAM. “Nunca se había producido este sectarismo ni esta falta de neutralidad política”, en favor del “activismo político”. Así lo denuncian abogados y personalidades importantes dentro de ADADE y Defiéndete en Derecho, que muestran una “extrema preocupación por lo que está ocurriendo”. “La institución siempre había sido integradora y plural”, lamentan con nostalgia.
“Nunca se había producido esta falta de neutralidad política. En el ICAM siempre ha habido una colaboración leal con el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el resto de administraciones, pero lo que está haciendo este decano es insostenible”, ahondan los letrados, que ponen el ejemplo del actual secretario general del Colegio, que hasta hace bien poco era el letrado jefe de la abogacía de la CAM. A algunos les suena a “el que pueda hacer que haga” del omnipresente José María Aznar.
Un mantra que parece haber sido recogido con gusto en la judicatura y que ha propiciado “alineamientos con la derecha y la extrema derecha, sin mínima presencia de sectores progresistas”, como el que se aprecia en el ICAM. Un toque de corneta que ha llevado a una institución surgida a el siglo XVI a apoyar a una persona para nada particular pese a que este ha reconocido defraudar cientos de miles de euros a Hacienda y, en consecuencia, a la totalidad de los ciudadanos madrileños y españoles. Todo en nombre de los ilustrísimos abogados de Madrid.
