El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha irrumpido de lleno en la actualidad gracias al gusto de su máximo dirigente, Eugenio Ribón, por supeditar la defensa de los intereses de sus 75.500 asociados a las campañas políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno más cercano. La corporación de derecho público renunció a su mandato de “independencia” a comienzos de 2023, con la llegada del actual decano, y los letrados colegiados han estallado con su último movimiento en defensa de Alberto González Amador, pareja de la mandataria madrileña.
La institución tomó la decisión de personarse como acusación popular en el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y celebró el fallo emitido por el Tribunal Supremo, antes incluso de que se conociese la sentencia, sin aludir a los votos discrepantes y pese a que a la carencia evidente de pruebas. Una posición a todas luces partidista y cuyo mayor problema es que ha sido realizada desde el ICAM, no de forma individual por alguno de sus líderes, y en nombre de decenas de miles de colegiados.
Esto ha llevado a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y a la Asociación Defiéndete en Derecho a reclamar una Junta General Extraordinaria en la que se explique cuándo y cómo se tomó la decisión de “instrumentalizar y poner al servicio de intereses particulares o de estrategias políticas ajenas” al ICAM. “No puede entenderse que el decano de nuestro colegio pudiese formular denuncia tanto por imputar sin más a la Fiscalía, después al fiscal general del Estado, la filtración del correo del letrado de González Amador, como por imputarles la nota informativa”, denuncian.
Un Colegio al servicio de Ayuso
Eugenio Ribón no dudó en acometer esta actuación servil, convirtiendo al ICAM en el único colegio personado en defensa de un particular que ha confesado, a través de su abogado, haber “ciertamente cometido” varios delitos fiscales que se encuentran actualmente en los tribunales. Además, la institución ha omitido deliberadamente el movimiento orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, difundiendo un bulo a través de El Mundo, que propició la respuesta obligada de la Fiscalía, desmintiendo las acusaciones vertidas a través de un comunicado y la campaña montada por el entorno de Ayuso contra el Ministerio Público.
Tampoco sobre la incapacidad del Supremo para demostrar que la difusión del correo del abogado de González Amador fue impulsada o realizada por García Ortiz. “La denuncia omitía hechos determinantes: fue el propio protegido por la presunción de inocencia (el novio de Ayuso) quien, mucho antes de la nota de la Fiscalía, decidió hacer público que había negociaciones para la conformidad de su actuar delictivo, y que las mismas habían sido paralizadas ‘por órdenes de arriba’, así como que todo era una persecución política por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, espetan las asociaciones jurídicas.
Además, los profesionales contraponen el comportamiento del defraudador confeso con la de un ciudadano que, “manteniendo en absoluto secreto sus negociaciones con la Fiscalía, se encuentra inapropiadamente con que esta revela a la prensa la propuesta de pacto”. González Amador, en sentido opuesto, “desde el principio imputa pública y falsamente a la Fiscalía con la que quiere negociar perseguirle por razones políticas y haber recibido instrucciones para no llegar a un acuerdo”. Todo esto fue silenciado en la denuncia de Eugenio Ribón y el Colegio de Abogados.
“Eso es lo que resulta inadmisible y lo que compromete la institución del Colegio”, afean ADADE y Defiéndete en Derecho, lamentado que el ICAM “ha sido puesto, objetivamente, al servicio de una estrategia de defensa y una estrategia política ajena al Colegio”. Todo ello con una denuncia en la que “se tergiversan objetivamente los hechos al omitir el contexto que le da significado”.
En ello ahondó el ICAM durante el desarrollo del juicio y en nombre de toda la abogacía madrileña, quien ahora levanta la liebre sobre la presunta relación de esta postura con la autorización otorgada por la Comunidad de Madrid al Colegio para ofertar un grado en Derecho y varios másteres en modalidad de centro adscrito (educación privada) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Universidad Ayusista”, coinciden ya en llamarla en el mundillo de la abogacía.
Eugenio Ribón, un conservador conocido
Antes del estallido del caso que podría acabar con la condena de González Amador, con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid convive en un gigantesco ático de lujo que podría haberse pagado con el dinero que ha confesado haber defraudado, Eugenio Ribón ya había enseñado la patita conservadora en varias ocasiones. Desde que fuese aprobada la ley de Amnistía, el ICAM no ha parado de organizar conferencias contrarias en las que entre los ponentes invitados solo podían encontrarse exdiputados y antiguos altos cargos del PP y jueces conservadores.
Es más, el propio decano afirmaba en la sede del Colegio que el proyecto de ley de amnistía ponía “en jaque” al “Estado de Derecho”. Eso sí, defendió que las afirmaciones las había realizado desde la “más absoluta neutralidad política”. Esta es la independencia y neutralidad del ICAM de Eugenio Ribón, que rehúsa de siquiera responder a los reclamos de las asociaciones progresistas de abogados y practica un oscurantismo interesado.
