En las últimas horas el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acaparado buena parte de las miradas después de conocerse una presunta “defensa” al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a cambio de supuestas autorizaciones académicas. Al hilo de todo ello, y de las quejas que ya se han entonado desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Defiéndete en Derecho, es ahora la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) la que se ha unido a este descontento con la institución que dirige Eugenio Ribón.
A través de un comunicado, la mencionada asociación alega que el ICAM “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. De esta forma, la ALA defiende que es “rotundamente falso” que el ICAM haya mantenido la imparcialidad en el procedimiento de la causa que investiga a la pareja de la presidenta madrileña, toda vez que añade que incluso se ha buscado la “nulidad”. “Se ha esforzado en defender todas las tesis de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendiendo incluso la nulidad de su próximo enjuiciamiento”, sostiene la asociación en el comunicado.
Estas advertencias se publican prácticamente de forma paralela a las demás quejas de asociaciones de juristas que han puesto la lupa en el Colegio de Abogados de Madrid por la “sumisión” a lo intereses particulares de la pareja de Ayuso. Así, desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Defiéndete en Derecho reprochan que el ICAM se “instrumentaliza y se pone al servicio de intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”, concretamente de Ayuso y su pareja. “Resulta inadmisible y compromete la institución del Colegio, que ha sido puesto, objetivamente, al servicio de una estrategia de defensa” sin dudar en “tergiversar los hechos”. Más inadmisible, además, si esto coincide con autorizaciones académicas desaconsejadas por el propio organismo fiscalizador de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, ambas asociaciones han exigido la celebración de una Junta Extraordinaria para ahondar en la cuestión. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo (el del fiscal general) sin los argumentos de la sentencia condenatoria (pues aún no era pública en ese momento) y sin conocer la discrepancia que recogen los votos particulares”, sostienen. En esta línea, ponen de relieve que tanto la postura como la personación del Colegio en el juicio se dio “en coincidencia temporal con la autorización para impartir un grado de Derecho y másteres diversos como centro adscrito (privado) de la Universidad Complutense de Madrid”. Un escenario que ha levantado la denuncia de las asociaciones que sostienen que “nunca se había producido este sectarismo ni esta falta de neutralidad política”. “Nunca se había producido esta falta de neutralidad política. En el ICAM siempre ha habido una colaboración leal con el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el resto de las administraciones, pero lo que está haciendo este decano es insostenible”, agregan.
Eugenio Ribón, el decano al servicio de Ayuso
Con todo, Ribón ha convertido al ICAM en el único colegio personado en defensa de un particular que reconoció haber "ciertamente cometido" varios delitos fiscales que se encuentran en los tribunales. Además, la institución ha omitido deliberadamente el movimiento orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, difundiendo un bulo a través de El Mundo, que propició la respuesta obligada de la Fiscalía, desmintiendo las acusaciones vertidas a través de un comunicado y la campaña montada por el entorno de Ayuso contra el Ministerio Público.
Tampoco sobre la incapacidad del Supremo para demostrar que la difusión del correo del abogado de González Amador fue impulsada o realizada por García Ortiz. “La denuncia omitía hechos determinantes: fue el propio protegido por la presunción de inocencia (el novio de Ayuso) quien, mucho antes de la nota de la Fiscalía, decidió hacer público que había negociaciones para la conformidad de su actuar delictivo, y que las mismas habían sido paralizadas ‘por órdenes de arriba’, así como que todo era una persecución política por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, espetan las asociaciones jurídicas.
