La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, redobla la cruzada contra el aborto después de que los tribunales tumben su negativa a crear un registro de objetores de conciencia como obliga la ley.
Hace tiempo que la lideresa regional anunció medidas para los no nacidos, pero este miércoles ha presentado la “primera de las muchas” que se llevarán a cabo en esta línea.
El bebé en camino cuenta.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 11, 2026
Presentamos esta primera medida de las muchas que llevará la próxima ley del no nacido, pensada para facilitar la vida a las familias madrileñas. https://t.co/7AuFPirDQ5
Desde este momento, las familias pueden presentar sus solicitudes para asegurar plaza escolar durante el curso 2026-2027 y, este año, se tendrá en cuenta al nasciturus como miembro de la unidad familiar para aplicar el criterio de familia numerosa en los baremos para entrar a uno de los centros académicos -públicos o concertados- de la autonomía.
El pasado martes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, explicaba en las últimas horas que “este año tenemos como novedad el criterio del concebido no nacido, que se tendrá en cuenta para la escolarización de Primer Ciclo de Infantil”.
Esta “novedad” permitirá reservar plaza en uno de los espacios académicos de 0 a 3 años y aplicar las ventajas que implican ampliar la unidad familiar, sorbe todo en conceptos concretos como el hecho de pasar a ser familia numerosa. Desde la Consejería concretan que este proceso deberá llevarse a cabo si se plantea escolarizar durante el próximo curso al nuevo miembro, independientemente de que nazca a inicios de curso o más adelante.
Pero el reconocimiento del no nacido como uno más de la familia desde el primer momento para temas burocráticos no queda aquí, sino que permitirá también acceder a deducciones fiscales, ayudas o becas desde el instante del embarazo.
En consonancia con su línea sobre el aborto
Esta nueva forma de entender el sistema familiar permite, por ejemplo, beneficiarse de las rebajas en el abono transporte u otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.
Hasta este momento, solo Galicia reconocía la figura del nasciturus, por lo que Madrid es la segunda comunidad autónoma en hacerlo. Sin embargo, en la comunidad gallega solo se aplica a las familias numerosa, mientras que en Madrid la normativa incluye también los hogares con independencia del número de hijos que compongan la unidad familiar con anterioridad al embarazo.
No es la primera decisión que parece en sintonía con lo que Ayuso viene decidiendo sobre el la interrupción voluntaria del embarazo, ya que su gobierno también acaba de renovar el Comité Clínico del aborto, que ahora pasa a estar liderada por tres hombres. Se trata de un espacio clave, ya que es el que se encarga de evaluar si una mujer puede o no abortar a partir de la semana 22. Sus integrantes no pueden ser objetores, pero si el Gobierno no elabora la lista, es imposible saber si sus miembros lo son o no.
La Justicia da la razón al Ministerio de Sanidad
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) daba la razón al Ministerio de Sanidad después de que el departamento de Mónica García llevara a los tribunales a Ayuso por incumplir negarse a realizar la lista que estima la normativa, a la que la baronesa ‘popular’ calificó de “lista negra”.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la desobediencia de Ayuso lamentando que su “empeño” es que “las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid” y ha prometido que van a llegar “hasta el final” para “garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español”. “Sitúa a la Comunidad fuera de la legalidad solo para continuar con su guerra política”, ha refrendado.
Entre las respuestas destacan las de la propia García, quien recordaba aquel “¡Váyanse a otro lado a abortar!” que la ‘popular’ pronunciaba en sede parlamentaria y, ya este miércoles, instaba a la administración Sol a cumplir la ley.
El registro de objetores es una herramienta a la que obliga la ley orgánica de 2023 y cuya puesto en marcha se encuentra articulada en un protocolo aprobado en diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable del conjunto de todas las consejerías de sanidad, incluida la de la región madrileña. Todos los territorios crearon la lista, menos Madrid.
La normativa no dice que la interrupción voluntaria del embarazo solo tengan que llevarse a cabo en centros de gestión pública, pero no disponer de una lista puede suponer un problema, especialmente en supuestos en los que la actuación se corresponda con el riesgo que corre la vida del feto o de la madre. Además, en nuestro país los servicios de ginecología de muchos hospitales públicos son objetores por sistema -lo es el servicio-, no a título individual.
