En pleno apogeo del choque entre el Ejecutivo de la Puerta del Sol con el Ministerio de Sanidad al no haber creado aún la lista de profesionales objetores de conciencia, la Comunidad de Madrid ha renovado el Comité Clínico del aborto, que estará ahora liderado por tres hombres. El punto esencial de este departamento radica en que sus integrantes no pueden ser objetores, pero, si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no elabora el registro instado por el Gobierno central y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), no podrá saberse si sus miembros son objetores o no.
Según estipula la ley, en el Comité Clínico del embarazo no puede haber médicos objetores de conciencia, siendo este departamento clave en el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo por ser el encargado de evaluar si una mujer puede abortar a partir de la semana 22.
Desde la Consejería de Sanidad madrileña, a cargo de Fátima Matute, han defendido este martes la renovación del tribunal que estará integrado por médicos voluntarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
No obstante, desde la oposición al Ejecutivo de Ayuso han venido denunciando que esta renovación se dé en tiempo y forma con la negativa de la Comunidad de Madrid a crear el registro de objetores pese al mandato estatal. “Ayuso ha renovado su comité clínico antes de que la ley obligara a tener el registro de objetores y de nuevo tres hombres para decidir sobre la vida de cientos de madrileñas”, ha reprochado, por un lado, la diputada socialista en la Asamblea regional Lorena Morales, reiterando que dos de los tres cargos seleccionados ya pertenecían al comité.
Bajo el mismo marco se ha pronunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Justo antes de que la justicia la obligue a crear el registro de objetores, Ayuso renueva el comité clínico del aborto con nada menos que tres hombres para decidir sobre los derechos, los cuerpos y la autonomía de las mujeres. Cumplir la ley y garantizar derechos no es opcional. Iremos hasta el final”, ha reprochado en redes sociales.
Justo antes de que la justicia la obligue a crear el registro de objetores, Ayuso renueva el comité clínico del aborto con nada menos que tres hombres para decidir sobre los derechos, los cuerpos y la autonomía de las mujeres.
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 10, 2026
Cumplir la ley y garantizar derechos no es…
En los mismos términos se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha reiterado que la presidenta madrileña “sabía que había cometido una ilegalidad, los jueces se lo han confirmado y preparó un Comité Clínico no paritario” y, con ello, ha condenado que las decisiones del Ejecutivo de Sol “van contra las mujeres”.
Ayuso sabía que había cometido una ilegalidad, los jueces se lo han confirmado y preparó un Comité Clínico no paritario. Sus decisiones van contra las mujeres. pic.twitter.com/JuSMDbOhiB
— Ana Redondo (@_anaredondo_) March 10, 2026
Asimismo, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha tildado de “nula” esta renovación al realizarse de manera previa al registro de objetores: “La señora Díaz Ayuso tiene que reconsiderar esa decisión y, por supuesto, tiene que empezar ya de una vez por todas a trabajar a favor de la igualdad, a trabajar en favor de los derechos de las mujeres y dejar de boicotear el avance de la igualdad”, ha instado.
El Gobierno de Ayuso recurrirá la decisión del TSJM
Fue este lunes cuando trascendió que la Justicia madrileña ordenaba a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites administrativos para elaborar el registro de objetores de conciencia al aborto tras el requerimiento oficial de Sanidad y por el que Madrid no cumplió. A la contra, desde la Puerta del Sol anunciaron que recurrirán la decisión.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este martes y en este sentido que el TSJM no ha entrado “al fondo” de la cuestión, matizando que aún no se ha dado un “pronunciamiento expreso a favor ni de la posición de la Comunidad de Madrid ni del Ministerio de Sanidad”.
Por ello, ha insistido que desde el Gobierno regional reconocen “el derecho de todos y cada uno de los médicos a la objeción de conciencia” a la par que prestan el servicio del aborto, sin mencionar en este punto que menos del 1% de estas intervenciones se realizan en la sanidad pública.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid estudiará el recurso y el argumento fundamental que utilizará es que el Gobierno de Ayuso “está garantizando a los médicos que puedan ejercer su objeción de conciencia”: “Tenemos capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y, en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio con los supuestos que están completados”, ha apostillado García Martín.
Cabe recordar que esta medida no implica la creación inmediata de la lista de objetores al aborto, sino que sí pone de relieve la obligatoriedad de iniciar los trámites administrativos para su elaboración, según lo estipulado en la Ley orgánica de 2023 y que se consensuó por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en diciembre de 2024.
