La dictadura de Francisco Franco no murió, junto al caudillo, en 1975. La represión no terminó con la muerte del dictador porque los aparatos del franquismo siguieron censurando, golpeando y asesinando a los que pensaban diferente hasta varios años después. Eso es lo que reconoció el Gobierno y ha refrendado el Congreso este jueves, con la convalidación de la reforma a la Ley de Memoria Democrática de 2022 para incluir en el reconocimiento de 'víctima del franquismo' a aquellos que murieron o fueron lesionados desde el tardofranquismo y hasta el 29 de diciembre de 1978.
Un margen -que algunos partidos y asociaciones de Memoria creen que sigue siendo corto- que garantiza que la Justicia y la reparación, en forma de indemnizaciones, lleguen de nuevo a los familiares de aquellos que fueron reprimidos por pedir democracia cuando esta, presuntamente, ya había llegado a España. Mientras el relato de la Transición copaba la atención de todo el país, la Policía Armada de Franco -los grises- seguían respondiendo a tiros a las manifestaciones de estudiantes, activistas y sindicalistas que iban aflorando poco a poco; el Tribunal de Órden Público seguía funcionando y los oficiales de la Brigada Político-Social seguían torturando.
Porque hablar de 'represión franquista' es también hablar de los que la sufrieron después de la muerte de Franco. Es hablar de Manuel García Caparrós, Germán Rodríguez, Juan Mañas, Luis Montero, Luis Cobo, María Luz Nájera o Gladys del Estal. Todos ellos -y otros tantos más- comparten que eran jóvenes, que fueron asesinados y torturados por los mecanismos del régimen que seguían vivos después de 1975, y que el motivo fue, simplemente, pedir más democracia en las calles.
No a todos ellos les va a llegar el reconocimiento que contempla ahora la ley, que es dónde se centran ahora las asociaciones. Algunas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), creen que no se debería "discriminar" con un márgen temporal, y que el espíritu de la norma debería ser el de reparar por el daño, y no por cuándo se produjo. Este dilema se coló este jueves en el Congreso, donde partidos como Podemos reprocharon al Gobierno el lío entre las leyes de Memoria de 2007 y 2022, que dio y retiró el reconocimiento a los reprimidos en esas fechas, y exigieron que el márgen temporal se amplíe, al menos, hasta 1983.
Las últimas víctimas del franquismo
El 4 de diciembre de 1977, más de dos años después de la muerte de Franco, las calles de Málaga se llenaron de jóvenes que pedían la autonomía de Andalucía. Uno de ellos, Juan Manuel Trinidad Berlanga, trepó por la fachada del edificio de la Diputación para colocar la bandera blanca y verde, que había prohibido el presidente provincial, Francisco Cabeza López. La respuesta fue mandar a los perros de presa de la Policía Armada, que comenzaron a cargar contra los manifestantes, primero con pelotas de goma y botes de humo, y luego a tiros. El resultado fueron dos personas heridas -una de ellas de 15 años- y una asesinada.
Los grises convirtieron en un símbolo eterno a un sindicalista de apenas 18 años. Un joven malagueño llamado Manuel José García Caparrós, que trabajaba en la fábrica de Cerveza Victoria, y al que asesinaron a tiros en la esquina de la Alameda de Colón. La ciudad permaneció parada en los días siguientes, y a pesar de que la familia de García Caparrós se negó a llevar su ataúd por las calles de Málaga, su entierro fue multitudinario. Ahora, 49 años después, el asesinato de García Caparrós se considera consecuencia de la represión del régimen franquista, y la reparación le llega a su familia, que se ha movilizado en los últimos años para conseguirlo.
Pero el enorme significado histórico de García Caparrós no excluye que hay más personas que sufrieron la violencia los cuerpos policiales del franquismo durante esos años. Por ejemplo, el 'Caso Almería'. Tres jóvenes -Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, de 29, 24 y 33 años respectivamente- acusados del intento de asesinato de ETA a un general cuyos cadáveres se encontraron calcinados en un coche de la Guardia Civil el 10 de mayo de 1981, con varios impactos de bala y signos de torturas. Otro caso es el de los Sanfermines de 1978, cuando en la plaza de toros de Pamplona se desplegó una pancarta por la amnistía, y los grises respondieron abriendo fuego y asesinó a Germán Rodríguez, un joven comunista de 25 años.
Y hay muchos más, como los siete asesinados por la Guardia Civil y la Policía Armada durante las manifestaciones en Euskadi de la llamada 'Semana Pro-Amnistía' de 1977. O María Luz Nájera, una estudiante de 20 años que murió por el golpe de un bote de humo de la policía en una manifestación en Madrid ese mismo año. O también el de Gladys del Estal, otra activista asesinada por la Guardia Civil en una protesta pacífica en Tudela en 1979.
Tuvieron que pasar varios años para que los responsables de la Transición pensaran que el franquismo ya había ejercido suficiente represión. La Policía Armada, responsable de gran parte de estos asesinatos, no fue disuelta hasta 1978, cuando se transformó el Cuerpo Nacional de Policía. El Tribunal de Órden Público, que el franquismo usaba para castigar los "delitos contra el órden público" -en esencia, oponerse al régimen, ser sindicalista, comunista o formar parte de movimientos estudiantiles-, siguió funcionando hasta que fue reemplazado por la Audiencia Nacional en 1977. La Brigada Político-Social, la policía secreta de torturadores como Roberto Conesa, Melitón Manzanas o 'Billy el Niño', no desapareció hasta 1978.
El recorrido de las leyes de Memoria
El Gobierno aprobó el 3 de marzo el Real Decreto-Ley 6/2026 sobre el "reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia". Un texto que proponía una reforma en la Ley de Memoria Democrática de 2022, y que contempla indemnizaciones de hasta 500.000 euros para reparar el daño de los familiares de fallecidos o personas que sufrieran lesiones hasta el 29 de diciembre de 1978 por los organismos policiales y militares del franquismo.
El lío estuvo en que la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya contemplaba compensaciones para los fallecidos por defender la democracia entre 1968 y 1977. Las asociaciones creen que ya entonces se "cometió un agravio" por limitar las ayudas a ese márgen temporal, como señala Emilio SIlva, presidente de la ARMH, en declaraciones a ElPlural.com. Sin embargo, su enfado fue a más porque estas quedaron sin efecto en 2022, cuando la Ley de Memoria Democrática anuló la anterior. Para remediarlo, el Ejecutivo introdujo en este decreto una disposición adicional para extender el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la Constitución.
Los votos en contra de PP y Vox no impidieron que la reparación vaya a volver, no solo para las víctimas en los últimos años de vida de Francisco Franco, sino que se va a extender a los que fueron reprimidos durante la Transición. Algo que celebró el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que anunció en el Congreso que, desde que entró en vigor el decreto, el Gobierno ha recibido medio centenar de solicitudes de indemnizaciones, ha estudiado 18, y ha dado luz verde a 15 de ellas, icluyendo la de los familiares de Manuel García Caparrós. El ministro recordó a los que lucharon por el paso a la democracia "dejando atrás la ignominia de la dictadura", y la diputada de Podemos Martina Velarde pidió que las indemnizaciones "no impidan el ejercicio de las acciones judiciales", para evitar que la reparación económica no sustituya "el derecho a la Justicia".
