La batalla que sigue librando el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla contra los servicios públicos se ha visto retratada este martes al conocerse dos noticias que reflejan de manera directa los intentos constantes de la Junta por librarse de los controles en detrimento de lo público y en defensa de lo privado a costa de la vida de miles de andaluces y andaluzas.
En este sentido, desde el Partido Socialista han querido poner el foco en la estrategia que ha emprendido el PP de Moreno Bonilla no solo para beneficiar a lo privado, sino también por eludir los controles de la intervención. Así, han instado al presidente de la Junta a declarar y detallar “dónde están los 1500 millones de euros que ha enchufado la sanidad privada y que se está investigando en Juzgados de Sevilla y Cádiz”. Al margen de esta petición, recuerdan que, en el contexto de la trama del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Junta acordó el traslado de recursos de lo público a lo privado y que, para llevar a cabo esto último, se suprimieron todos los controles.
Al hilo de lo anterior, desde el Grupo Socialista ponen también el acento en los funcionarios de la sanidad andaluza que se han pronunciado al respecto para denunciar la campaña contra lo público del Gobierno andaluz y que han resultado ser víctimas directas de la estrategia de Moreno Bonilla. Algo que se ha visto reflejado, por una parte, en el Parlamento autonómico, donde se ha impedido el pleno extraordinario sobre Sanidad y también la comisión de investigación sobre la trama SAS, y, por otra parte, las maniobras de la Cámara de Cuentas en favor y al servicio del Ejecutivo andaluz.
En esta línea, fuentes socialistas denuncian también la “cacería” que se ha llevado a cabo desde la Junta contra la intervención, purgando “a todo el cuerpo menos a la interventora del SAS, que la han dejado pero ahora sin competencias”. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mes de enero la Junta comunicó el cese de María Antonia González Pavón, interventora general, como respuesta al informe que esta última presentó en 2023 en el que advertía del fraccionamiento de contratos millonarios en el SAS. Cuando no se cumplía todavía el medio año desde la asunción del cargo, en septiembre de 2022, González Pavón presentó un informe donde daba cuenta del troceamiento “indebido y masivo” de contratos del SAS que se estaban adjudicando a dedo y sorteaban la Ley de Contratos del Sector Público. Tras ello, prácticamente dos años después de ello, la Junta de Andalucía acordaba su cese. “Con esto culminan la purga de los interventores que no han hecho más que denunciar los desmanes del Gobierno de la Junta. Se acaba con el último testigo”, han apuntado desde filas socialistas.
De manera paralela al desvío de fondos a la privada, el PSOE ha añadido que Moreno Bonilla deberá dar explicaciones asimismo por la acción que ha llevado a cabo el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, ex consejero de la Junta y puesto a dedo por el PP. “Cambió el reglamento interno de fiscalización para que no se investiguen los contratos menores de la Junta, incluidos los del SAS, y para que no se fiscalice su propia gestión cuando fue viceconsejero y consejero de Moreno Bonilla”, han reprochado desde el Partido Socialista.
La justicia estrecha el cerco a la Junta
Todas estas denuncias públicas por parte de la oposición se producen en un momento en el que la justicia está señalando de manera recurrente a la gestión de la sanidad andaluza por parte del Ejecutivo autonómico. El pasado 21 de mayo el juez que dirige la causa, José Antonio Gómez Díez, incluía en su providencia por primera vez al Director General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda, quien también fue responsable de la contabilidad desde 2019 hasta su cese, el pasado mes de marzo.
Con ello, el último vinculado a la investigación se une a los tres cargos ya imputados por presunto delito de prevaricación: Valle García, responsable en la actualidad; y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Aunque el juez no lo ha imputado, menciona al alto cargo en la última resolución a la vez que reclama el “expediente completo” de las obras de “terminación” del antiguo Hospital Militar de Sevilla, recurrentemente abanderado por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, así como el informe de verificación de gastos con fondos europeos firmado por el exdirector general de Gestión Económica del SAS.
