El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han cerrado un acuerdo para impulsar, a través de los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar, la tramitación de una proposición de ley que incluya la figura del embargo en el ordenamiento jurídico para, así, habilitar su aplicación efectiva para el caso de Israel. Fuentes del Ejecutivo señalan que este pacto es una muestra del “compromiso pleno por la paz y la defensa” de Gaza por parte de Moncloa. De hecho, subrayan que España ha incrementado su “apoyo financiero” a la UNRWA, además de otras medidas como el reconocimiento del Estado Palestino o el respaldo a las causas abiertas en la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu.
PSOE y Sumar dan un impulso a la iniciativa parlamentaria que fue admitida a trámite el pasado 20 de mayo, con el respaldo de Podemos y BNG, con intención de que salga adelante en el próximo periodo de sesiones. Es decir, tras el parón estival. El texto, aunque se tramita por la vía de urgencia y al finalizar en junio el calendario ordinario de sesiones, se amplió el plazo para la presentación de enmiendas hasta principios del mes de septiembre.
Con este acuerdo, las dos formaciones que conforman la coalición han adoptado el compromiso de reactivar su tramitación para que el articulado vea la luz en cuanto se reanuden las sesiones parlamentarias en septiembre. Tras ello, continuará con su tramitación en el Senado.
Los socios urgen celeridad
Desde algunos sectores del bloque de la investidura, incluyendo algunos integrantes del Grupo Plurinacional, como los Comunes, instaron al Ejecutivo a aprobar el embargo a través de un real decreto-ley para que entrara en vigor con efecto inmediato, pese a que después tuviera que ser convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados. No obstante, tanto el presidente como la ministra de Trabajo rechazaron esta opción y han cerrado el compromiso de impulsar la aprobación del mismo a la vuelta del verano.
Este mismo lunes, tras conocer el acuerdo entre PSOE y Sumar, el secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, retaba a la coalición a aprobar el real decreto para evitar la dilación hasta septiembre. De hecho, ha acusado al Gobierno de buscar titulares con su disposición de acelerar la tramitación de la proposición de ley. “Yo mucho me temo que esto no sea otro nuevo intento de lavado de imagen, otro intento de titulares del PSOE que al final luego quede en nada”, ha espetado.
Bloqueo comercial
La reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso permite establecer un coto a cualquier recurso que sirva para fortalecer las filas del Ejército de Israel. De hecho, pretende expandir la prohibición también a material antidisturbios o combustible en el ámbito militar. Además, se incorporaría un protocolo específico para que sea Moncloa quien despliegue la inspección de la carga de buques y aeronaves que pasen por España con destino a territorio hebreo, así como la habilitación de la incautación de material militar que pudieran portar.
Desde el Gobierno destacan que la reforma permitirá introducir por primera vez la figura del embargo en la legislación española, una herramienta que hasta ahora no contaba con un marco legal claro. El objetivo, según fuentes del Ejecutivo, es "reforzar el embargo a la industria militar israelí y ampliarlo a todo tipo de material relacionado con la defensa, así como a la asistencia técnica proporcionada por empresas armamentísticas de ese país".
Además, señalan que esta normativa consolidaría el "bloqueo comercial" ya vigente desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando España dejó de autorizar tanto exportaciones como importaciones de armas y municiones a Israel. Una política que, aseguran, ha sido acompañada de otras medidas diplomáticas y humanitarias: el incremento del apoyo financiero a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el reconocimiento del Estado Palestino, el respaldo a las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la promoción de resoluciones en Naciones Unidas en favor de un alto el fuego permanente.
“El respeto al derecho internacional es el único camino posible, y el Gobierno de España hará todo lo que esté en su mano para garantizarlo”, han remarcado desde el Ejecutivo de coalición, que considera esta reforma un paso más en su estrategia para alinear la política exterior española con los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
