El decreto Imbroda no es un huracán como asegura la izquierda, pero tampoco una suave brisa como afirma la derecha. Su implantación a partir del próximo curso educativo no va a significar el aplastamiento de la enseñanza pública a favor de la concertada, pero sus efectos en el sistema tampoco van a ser igual a cero.

La imagen que tal vez mejor describa el significado del ‘Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados’ sea la que en el vocabulario militar se conoce como ‘cabeza de playa’ y que se define como la ocupación, mediante unidades anfibias y apoyo aéreo, de una franja de costa para proteger del fuego enemigo el futuro desembarco masivo de suministros y refuerzos que desencadenará la victoria final.

Ciertamente, es pronto para saber qué efecto acabará teniendo en el sistema educativo andaluz eliminar la imposibilidad que tenían los padres de matricular a sus hijos en cualquier colegio concertado de su municipio, pues hasta ahora solo podían hacerlo si el colegio privado estaba dentro de su zona educativa de influencia.

Amor y pedagogía

Para los centros públicos seguirá rigiendo el criterio de proximidad al domicilio, pero no así para los privados que se sufragan con fondos públicos, cuya demanda por parte de las familias de clase media y media alta sobrepasa a la oferta, y no tanto porque el proyecto educativo de los centros concertados sea mejor que el de los públicos –de hecho, la ratio de alumnos por aula es superior en los primeros– como porque el colegio privado garantiza que los compañeros de pupitre de sus hijos sean los adecuados.

Y no les falta razón a los padres, sean estos más bien de izquierdas o más bien de derechas y excluyendo a los integristas de uno y otro bando que eligen centro con criterios estrictamente religiosos o ideológicos: es un hecho que la pública acoge a la mayor parte de lo que en la terminología oficial se conoce como ‘alumnos con necesidades educativas específicas’, cuya extracción socioeconómica suele provenir de las clases menos favorecidas o de grupos de población como los inmigrantes.

Primero, el dinero; luego, las aulas

La relevancia política del decreto de la Junta es que se trata de la primera gran medida de calado ideológico desde hace meses. Recuérdese que desde el inicio mismo de la Transición, la educación siempre ha sido el campo de batalla por antonomasia entre la izquierda y la derecha: la primera, forcejeando para ampliar la enseñanza pública blandiendo la bandera de la igualdad; la segunda, seduciendo a las familias sobre las bondades de la escuela privada esgrimiendo el pendón de la libertad.

Con el decreto 20/21, el Gobierno andaluz hace su segunda gran apuesta estratégica –la primera, a principios del mandato, fue la rebaja del IRPF y la supresión del impuesto de sucesiones a quienes heredaran más de un millón de euros– tras un primer año durante el cual ha puesto el énfasis, por una parte, en desacreditar a conciencia la gestión de sus antecesores socialistas y, por otra, en demostrar que la sanidad pública es su gran prioridad y que su gestión económica es mucho más eficiente y fiable que la de la izquierda.

Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico de PP y Cs ha rehuido en general la confrontación de alto voltaje ideológico, consciente de los riesgos de espantar a un electorado andaluz todavía autoubicado ideológicamente a la izquierda de forma mayoritaria y al que necesita seducir para estabilizar su frágil mayoría parlamentaria.

De ahí, la trascendencia política del decreto Imbroda; de ahí, la iracunda reacción de la izquierda política y sindical; y de ahí, en fin, la insistencia del Gobierno andaluz en rebajar a ligera brisa lo que para la mayor parte de la comunidad educativa es un huracán en toda regla.

Territorio rico, territorio pobre

Recordemos brevemente los últimos datos, de 2019, recogidos en el Sistema Estatal de Indicadores de Educación que publica cada año el ministerio.

El gasto público en educación se elevó a 47.581,7 millones de euros en 2016 –último año con datos cerrados– y de ellos, 6.056,4 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representó un 12,7% del gasto público en educación y un 14,5% del gasto de las Administraciones Educativas.

Las comunidades autónomas que destinaron en ese 2016 un mayor porcentaje de gasto público en educación a conciertos educativos fueron tres de las más prósperas del país: el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Comunidad de Madrid, con el 24,9%, el 20,5% y el 19,8% respectivamente.

Por contra, las que menos porcentaje destinaron a conciertos fueron las más pobres: Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, con porcentajes que oscilaron entre el 8,2% de la primera y el 10,5 de la última.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional también recoge que “de 2006 a 2009 se observó un crecimiento continuo del gasto en conciertos, produciéndose una disminución a partir de 2010 y un repunte en 2014 que continuó en el 2016”.

Segundas intenciones

Los datos parecen confirmar los temores de los sindicatos de enseñanza que, para el próximo 4 de marzo, han convocado a la huelga a los más de 100.000 profesores y casi 13.000 trabajadores no docentes.

El sindicato CGT, integrado en la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública que convoca la protesta, describe así tales temores: "Lo que se esconde detrás de quienes esgrimen el argumento de la libre elección de centro es la segregación, el rechazo a la mezcla con la población con niveles socioeconómicos más bajos y la creencia de que los contactos sociales y las compañías influirán en el futuro sociolaboral de sus hijos".

La asociación Andalucía Laica, que apoya la huelga, también ha terciado en el debate con esta doble reflexión: que hay en el decreto una “intención manifiesta de privatización de un servicio fundamental como la educación, amparándose en los falsos conceptos de libertad de elección y demanda social”; y que “todos los estudios sobre sistemas educativos demuestran que existe mayor calidad y justicia social en aquellos que tienen un solo modelo: público, planificado e igualitario”.

Un simple ajuste

Para la Consejería de Educación y Deporte, que dirige Javier Imbroda (Cs), el decreto aprobado esta semana no supone “ninguna revolución”, sino que se limita a hacer meros “ajustes en el procedimiento de admisión”, entre ellos la “ampliación del número de familias que puedan elegir el tipo de centro”.

Previsiblemente, la oferta de los centros concertados –enclavados solo en el 18% de los municipios andaluces, aunque acogen a más del 75% de la población de la comunidad– no podrá satisfacer de entrada toda la demanda de los padres, pero sus titulares tendrán el argumento definitivo que necesitaban para ampliar unidades financiadas con fondos públicos, lo que a su vez redundaría en detrimento de los centros públicos que, dadas las bajas tasas de natalidad, podrían acabar cerrando unidades por falta de ‘clientes’.

Según cifras del sindicato CCOO, entre los años 2017 y 2019 la baja natalidad ha provocado en Andalucía la pérdida de nada menos que 867 unidades de centros públicos.