El consejero de Educación, Javier Imbroda, estará seguramente arrepentido de haber dicho en rueda de prensa que su decreto que favorece la escolarización en centros concertados ha sido fruto del consenso.

Prueba de que no ha sido así es la huelga educativa convocada para el próximo 4 de marzo, en pleno arranque del periodo de matriculación para el curso 2020/21, por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CGT y USTE, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (CODAPA) y el Frente de Estudiantes (FdE).

El resto de sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación --CSIF y ANPE-- , aunque no se han sumado a la huelga, también han mostrado su rechazo al decreto de escolarización por su "falta" de consenso y han anunciado movilizaciones.

Consideran los convocantes que las medidas incluidas en el decreto, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, “ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo".

¿Por qué un augurio tan alarmante? Porque "la profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto".

Igualmente, la Plataforma "no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública".

"Es tarea irrenunciable de los poderes públicos –entienden los convocantes– garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho”.

Además, "la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas", dado que que la escuela pública ya "lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años".