Cuando el consejero de Educación de la Junta de Andalucía dijo ayer que el decreto que modifica los baremos de acceso a una plaza escolar estaba respaldado por un amplio consenso de la comunidad educativa, es difícil saber exactamente qué entiende Javier Imbroda por amplio y qué por consenso.

Si se exceptúa a la federación de padres católicos y un minoritario sindicato de inspectores, todos los sindicatos de la enseñanza y la confederación de padres más numerosa han rechazado sin contemplaciones el decreto aprobado ayer por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, cuya principal novedad es dar a los padres vía libre para matricular a sus hijos en un colegio concertado de su ciudad aunque no esté ubicado en su zona geográfica.

Vox: "Vamos por buen camino"

Aunque el pacto del PP con Vox lo comprometía a suprimir de un plumazo los sectores educativos, el partido ultra se ha mostrado indulgente con el Gobierno al interpretar que con este decreto “vamos por buen camino”.

Aun así, su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, no se ha ahorrado un pellizquito de monja contra el consejero que se niega a implantar el pin parental que los ultras defienden contra viento y marea: “Es un experto en echar balones fuera”, ha dicho Alonso.

Pese a tener en contra a la mayor parte de la comunidad educativa, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto y hoy consejero ha dicho hoy que quienes rechazan su decreto parecen “tenerle miedo a la libertad” y que la reforma “refleja el sentir de muchos sectores de la comunidad educativa”, aunque no ha especificado cuáles.

Pocos municipios, pero mucha gente

En su comparecencia de ayer, Imbroda enfatizó el dato de que en realidad la medida afectará únicamente al 18 por ciento de los municipios andaluces, pues en el 82 por ciento restante no hay colegios concertados.

No dio, sin embargo, el consejero el dato crucial de que ese 18 por ciento de los municipios engloban en realidad al 75 por ciento de la población de Andalucía, es decir, las capitales y ciudades de tamaño medio, que es donde siempre ha habido colegios concertados, en su mayoría católicos.

Quien con más ingenio ha arremetido contra el decreto de Imbroda ha sido la líder de CCOO, Nuria López, que ha reprochado al exentrenador que se pase “todo el día peloteando el balón” para, a la postre, cometer falta contra la educación pública: “Lo vamos a enviar al banquillo”.

Núñez ha reclamado más fondos para bajar la ratio por aula en los centros públicos y mejorar la enseñanza a la que sí tienen realmente acceso todas las familias, lo que no es el caso de la concertada, donde los padres pagan habitualmente una cuota en teoría voluntaria, pero que en realidad opera como una barrera insalvable para las familias con menos recursos.

Ni consenso ni igualdad

De parecida opinión es la Federación de Servicios Públicos de UGT, que ha resaltado que el decreto “se ha aprobado sin el consenso de la comunidad educativa y sin que aspectos tan relevantes como la zonificación hayan pasado, ni siquiera, por la Mesa Sectorial de Educación".

Como CCOO, ha anunciado movilizaciones, al igual que lo han sugerido el resto de sindicatos con representación en la Mesa Sectorial: CSIF, ANPE y USTEA. El sindicato que lidera Carmen Castilla entiende que la Junta está promocionando un modelo con el que la educación dejaría de estar “al servicio de la equidad y la igualdad de oportunidades”.

También el sindicato CGT está en la misma línea: “Nos veremos abocados a un futuro en el que la única libertad de elección de centro en muchas ciudades andaluzas será la de elegir la empresa u orden religiosa que eduque a nuestras hijas e hijos; eso sí, mantenidas con el dinero público".

Lo que dijo el Consejo Escolar

Para ANPE-Andalucía el decreto en absoluto nace del consenso, pues este y otros sindicatos ya expresaron en la Mesa Sectorial “de forma unánime nuestro rechazo al mismo en fase de proyecto".

Recuerda además el veterano sindicato de profesores que el propio Consejo Escolar de Andalucía "aprobó en pleno el pasado 24 de octubre un dictamen por el que se instaba a la Consejería de Educación Deporte a la supresión del artículo 9.4, en el que se introduce la inclusión de un centro concertado en zonas carentes de centros de esta tipología".

En ese mismo dictamen, el Consejo Escolar, a cuyo supuesto respaldo aludió Imbroda, instaba a la Junta a aclarar en el futuro decreto “que la libre elección de centros está condicionada a la planificación educativa que como responsable realice la Consejería".

Un ataque en toda regla

Y tampoco al sindicato CSIF, de tendencia moderada, le gusta el decreto de Imbroda. Su presidenta en el ámbito educativo, Elena María García, reprocha al consejero no haber atendido las recomendaciones del Consejo Escolar y ve en la norma “un ataque en toda regla a la enseñanza pública”.

Resulta incongruente, razona la dirigente de CSIF, que “una Administración educativa que mantiene que la actual normativa en materia de escolarización atiende a un 93 por ciento de las familias de manera satisfactoria, pretenda introducir modificaciones de calado como las planteadas".

A la sublevación general de la comunidad educativa se ha sumado también la Marea Verde Andaluza, aunque la reivindicativa plataforma ha ido más lejos que el resto de representantes y ha exigido directamente la dimisión de Imbroda.

"No nos cansaremos de repetir y alertar, la libertad de elección de centros es un factor que reproduce las desigualdades sociales porque solo la ejercen realmente los más favorecidos cultural y económicamente. Con la famosa libertad –sostiene la Marea Verde en un comunicado– lo único que persiguen es promocionar la educación privada para imponerla como opción de referencia en el mercado educativo".