Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores de los protocolos de la vergüenza, y Antonio Burgueño, quien ideara la privatización sanitaria del PP, se libraban de declarar, este lunes, en los juzgados de Plaza de Castilla por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' que terminaron con el fallecimiento de 7.291 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid. La noticia saltaba a lo largo de la mañana y ocupaba la escaleta de los distintos programas de la parrilla a lo largo de la jornada. Entre ellos, Malas lenguas, desde donde Jesús Cintora le hacía a Joaquim Bosch la pregunta del millón con respecto a Isabel Díaz Ayuso. 

El magistrado Joaquim Bosch conectaba con el programa de La 2 por videollamada para responder con rigor a las preguntas de Cintora y compañía. El presentador tenía clara cuál era la pregunta que le quería hacer: "¿Es descartable a día de hoy que, llegado el momento determinado, Isabel Díaz Ayuso pueda ser imputada por las muertes en las residencias y ese protocolo por el que se decidió no llevar a los ancianos de los geriátricos a los hospitales?".

El jurista aseguraba en primer lugar que "hay que entender la naturaleza de la acción porque da bastantes respuestas a las preguntas". Así, Bosch apuntaba a que en esta ocasión "ha habido un cambio de estrategia jurídica", por lo que "se denuncia por un delito de discriminación y no de negligencia". "La discriminación consistiría en que se denegó una asistencia sanitaria por razón de discapacidad o de enfermedades previas y esto se considera que supondría un trato discriminatorio sobre el cual no existe una justificación suficiente porque a los residentes en esta situación no se les derivó a hospitales públicos ni tampoco se ofreció asistencia médica, no se medicalizó las residencias", explicaba.

De esta manera, el invitado subrayaba que en este proceso judicial "se apunta hacia quienes elaboraron o decidieron sobre los protocolos de la vergüenza y hay que ver quiénes fueron". "Entonces se apunta contra cargos autonómicos que han sido llamados a declarar como investigados, pero si se acreditara que hay cargos políticos, incluso hipotéticamente la presidenta autonómica, que realmente intervinieron en esas decisiones podrían ser imputados. Aunque tampoco olvidemos que en el caso de determinados cargos hay un aforamiento, y en el caso de la presidenta de Madrid, el aforamiento implica que solo puede ser investigada y juzgada por el Tribunal Supremo", proseguía detallando.

En ese instante, Cintora le decía al magistrado que "hay mucha gente en este país que piensa que hay una justicia para poderosos y luego para los demás". Bosch se mostraba de acuerdo con esta sensación, expresando su punto personal: "He visto incluso con indignación personal como ciudadano, más allá de como jurista, que hemos tenido leyes que mientras hacía una previsión de una mera pena de multa para políticos que habían robado a toda la sociedad, establecían prisión para el inmigrante que ponía top manta para poder sobrevivir. Ves situaciones de clara desigualdad en cómo planteamos las respuestas legales de un estado".

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