Este lunes tres exaltos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se sentarán en el banquillo después de que la Justicia los haya imputado por los protocolos que impidieron la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, dando como resultado la muerte de 7.291 ancianos.
Son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ambos autores de los protocolos de la vergüenza, y Antonio Burgueño, coordinador de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid y defensor de la privatización de la sanidad. Los tres acudirán a los juzgados de Plaza Castilla después de que el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid les haya citado en calidad de investigados, tras recoger y atender la denuncia presentada por las plataformas Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, firmada a su vez por 109 familiares.
Poco después de conocerse la triple imputación, las reacciones se han ido sucediendo en cadena. Las asociaciones de familiares de ancianos fallecidos han celebrado la decisión del juez, aunque han lamentado que esta llegue cinco años tarde. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, han señalado. Asimismo, han adelantado que este lunes, coincidiendo con la citación judicial, se concentrarán en las puertas de los juzgados de Plaza Castilla.
Desde la oposición, el PSOE también ha expresado su postura sobre la citación del juez. Este domingo, antes de iniciarse la manifestación convocada por la plataforma ‘Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid’ en defensa de la Sanidad Pública, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha pronunciaod al repecto, insistiendo en la exigencia de responsabilidades defendida por su formación desde el inicio. Del mismo modo, ha señalado a dónde conducirán estas imputaciones. “Para nosotros no es suficiente. Lo que queremos son responsabilidades políticas. Porque este último eslabón sabemos dónde acaba, en el ático de Chamberí”, ha añadido.
Entre otras cosas, ha expresado que las familias de las 7.291 víctimas de las residencias “necesitan justicia, verdad y reparación” y ha mostrado cierta disconformidad con la citación judicial: “Para nosotros no es suficiente”.
Instan a Ayuso a reunirse con los familiares
La portavoz socialista en Cibeles ha estado acompañada por la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, y la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. La primera ha celebrado que las víctimas y sus familiares reciban por primera vez reconocimiento, señalando que estas imputaciones “hacen que se abra el camino de la verdad”.
No obstante, se ha dirigido a la presidenta autonómica para instarle a que se reúna con los familiares para pedirles perdón “antes de dimitir”. “Nunca es tarde”, ha añadido. "Lo que esperamos es que esos familiares y que la dignidad de la Comunidad de Madrid empiece a abrirse paso. La justicia y la verdad creemos que van a salir a la luz más pronto que tarde”.
Más Madrid llama a los imputados a la Asamblea
Desde Más Madrid, por otro lado, se ha avanzado que pedirán que los exaltos cargos imputados comparezcan en la Asamblea.
En declaraciones a los medios, la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha adelantado que les pedirán explicaciones sobre los hechos por los que se les imputa. “Por parte de Más Madrid se llamará a comparecer a estos dos altos cargos de Ayuso a la Asamblea de Madrid para que den explicaciones políticas de las mismas explicaciones que van a tener que dar ante la justicia”, ha asegurado. De igual manera, ha defendido “todas las vías judiciales hasta que haya responsabilidades políticas”.
En la misma línea la coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado satisfecha con la decisión de la justicia, y la ha calificado como “un avance y un logro para que los familiares de las 7.291 personas mayores que murieron puedan obtener verdad y justicia”. "Son un logro absoluto de las asociaciones de familiares que no se rinden y que no se van a rendir a pesar de la crueldad de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso", ha agregado.
