Vox ha anunciado que se querellará contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez. La formación ultraderechista, que participa como acusación popular en la investigación judicial a la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, responde a la demanda por prevaricación interpuesta por Abogacía del Estado contra el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado.
La formación que dirige Santiago Abascal ha defendido su movimiento, en respuesta a la querella de Sánchez contra el juez Peinado, denunciando que el presidente del Gobierno “sigue prostituyendo las instituciones” y “usándolas para su interés personal”. Critican, así, que el jefe del Ejecutivo tramite su denuncia contra el magistrado que instruye la causa contra Gómez a través del canal que permite la Abogacía del Estado. “Sólo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente”, aseguran en un mensaje lanzado desde la cuenta oficial del partido en redes sociales.
Vox, que participa como acusación popular, alude expresamente a la querella interpuesta por el presidente del Gobierno contra el juez Peinado por prevaricación en la instrucción del caso que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Junto a los de Abascal, otra de las acusaciones particulares en la causa, el colectivo ultracatólico HazteOír, ha hecho lo propio con otra querella contra Sánchez por un presunto delito de malversación. El corpúsculo ultraconservador ha anunciado su movimiento también desde sus perfiles en las redes sociales, detallando que su equipo legal se encontraba desde el martes “preparando una nueva medida” porque “España se lo merece”.
La querella de Sánchez
La jornada del martes fue de lo más ajetreada en Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado se presentó en el complejo residencial pasadas las 10:20 horas de la mañana para interrogar al presidente del Gobierno en el marco de las averiguaciones sobre el caso de su esposa. Sánchez se acogió a su derecho constitucional a no declarar y liquidó rápidamente la presencia del magistrado en la zona, la cual abandonaría posteriormente pero lo haría con una querella bajo el brazo.
El presidente del Gobierno presentó una demanda contra el magistrado por presunta prevaricación. Abogacía del Estado estampó su firma en el escrito en representación del presidente del Gobierno, donde denuncia al juez por un delito que está penado con una multa de entre doce a veinticuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tiempo de entre diez y veinte años.
Según figura en la querella a la que tuvo acceso ElPlural.com, “la atribución de resolución dirigida respecto del querellante, que consideramos injusta, a sabiendas, en los términos que a continuación se expondrán”, hace referencia a la providencia en la que le citó a declarar presencialmente y no por escrito. Desde Abogacía del Estado exponen que es imposible, habida cuenta de que se investiga un tráfico de influencias, separar la figura del presidente del Gobierno de la de Pedro Sánchez como marido.
Este es el hilo conductor de la querella de Sánchez, pues a juicio del querellante, el magistrado emitió una resolución injusto siendo plenamente consciente de lo que hacía. “La nueva providencia no desecha que se pueda aportar algo en la condición de presidente del Gobierno de los hechos objeto de interrogatorio y desconoce deliberadamente las especialidades procesales del artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Crimianl (LeCRIM). “A nuestro juicio, es la evidencia del carácter injusto, indefendible jurídicamente, de la decisión de tomar declaración en el despacho oficial del presidente de España”, remarcan.
