La gestión de la DANA, que se cobró la vida de más de 200 personas, ha llegado a los tribunales. A diferencia del dirigente valenciano Carlos Mazón, que la Fiscalía de Valencia sí contempla investigar sus responsabilidades, el Tribunal Supremo ha tumbado la demanda interpuesta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la misma cuestión.
La demanda fue interpuesta por el abogado Curro Nicolau, quien alegó “inactividad” en la gestión de Sánchez, también en la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frente a la catástrofe meteorológica que azotó a más de 70 pueblos de Valencia y parte de Castilla – La Mancha.
En su escrito remitido al Alto Tribunal, el letrado consideraba que el jefe del Ejecutivo central tendría que haber decretado el Estado de Alarma, siguiendo los pasos de la pandemia; sin embargo, los magistrados matizaron que para este escenario es necesario primero aprobar un Real Decreto, el cual no puede recurrirse ante la Sala de contencioso-administrativo del Supremo.
Así las cosas, la sala considera que “la legitimación activa no puede extenderse a los casos en que cualquier ciudadano actúa en defensa del ordenamiento jurídico o del Estado de Derecho, en definitiva, en defensa de la legalidad, toda vez que para estos casos está la acción popular”. Es decir, en caso de que se requiera una resolución favorable para el demandante, se debe invocar un derecho lesionado o interés legítimo.
En estos términos, el Supremo subraya en su conclusión su “preocupación o abatimiento” por las graves y mortales consecuencias que causó la DANA en la población valenciana, las cuales “son compartidas por todos los españoles”, pero matiza que de ello “no puede extraerse que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso contencioso-administrativo al respecto, porque esa generalización, y la genérica invocación, resultan incompatibles con el interés legítimo legalmente exigido”.
De esta manera, el Alto Tribunal deja rechazada la demanda de un particular contra el presidente del Gobierno por su gestión frente a la DANA, cuando ya quedó constatado a su vez que las principales competencias recaían en la Generalitat Valenciana al haberse decretado el nivel 2 de Emergencias, lo que le disponía a pedir recursos al Estado, pero no volcarle la responsabilidad plena.
La Fiscalía avala investigar la gestión de Mazón
En paralelo, desde Valencia, donde ya se han llevado a los tribunales numerosas querellas contra la Administración por la gestión autonómica sobre la DANA, este martes, la Fiscalía Provincial de Valencia sí que respaldó formalmente abrir una investigación penal contra el presidente Carlos Mazón ante sus responsabilidades gubernamentales.
Según reza el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Fiscalía considera así pertinente aunar las siete querellas y denuncias interpuestas contra Mazón, también contra su exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en una sola causa. Se les atribuyen a los denunciados posibles delitos de prevaricación, homicidios y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores.
No obstante, el Ministerio Público también matiza que las denuncias recogidas presentan aspectos genéricos, es decir, que su relación causa-efecto obliga a investigar de forma exhaustiva la intervención o, por el contrario, inacción en la gestión de cada uno de los cargos demandados.
Cabe recordar a su vez que, en el plano nacional, el Tribunal Supremo, pese a haber tumbado la demanda del abogado mencionado contra el presidente del Gobierno, tiene registradas otras ocho querellas contra miembros de Moncloa, entre los que destacan el ministro Grande-Marlaska, la extitular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y entidades estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar.
