Alberto Gónzalez Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador fiscal confeso, ha presentado un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo un escrito en el que solicita que se investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, tal y como ha adelantado el periódico El Mundo. Además, Gónzalez Amador, también le pide al Alto Tribunal que contacte con google para recabar más información sobre los correos electrónicos que se intercambiaron el FGE y la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez antes de emitir la nota de prensa que ha generado el caso penal.
El abogado del empresario ha remitido este escrito después de que, desde el Supremo, se haya solicitaqdo informe a las partes antes de decidir si se abren diligencias por el asunto o no. Unas diligencias que, en caso de abrirse, no implican que se impute al fiscal, puesto que el juez instructor puede realizar las diligencias procesales que estime oportunas antes de imputar o archivar. Según explican las fuentes cercanas al Supremo consultadas por ElPlural.com, el Supremo no tomará ninguna decisión hasta que reciba el informe de la Fiscalía, que se solicitó este pasado lunes.
González Amador está imputado
Y mientras el procedimiento del fiscal general del Estado sigue su curso en el Supremo, Alberto González Amador, sigue como investigado por sus presuntos delitos -dos- de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaría negociando en la actualidad un acuerdo con la Abogacía del Estado con la finalidad de evitar su ingreso en prisión. Fue la Fiscalía la que lo llevó ante los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude.
Cabe destacar que también con este organismo, el pasado 2 de febrero, su abogado envió un correo electrónico en el que reconocía “íntegramente” que su cliente había cometido dos delitos fiscales en los peores años de pandemia (2020 y 2021). En consecuencia, de producirse un hipotético pacto con la Fiscalía, sería la segunda vez que el compañero sentimental de la líder regional reconoce haber engañado a la Agencia Tributaria.
Los delitos por los que se le investiga discurren entre 2020 y 2021 y tiene que ver con las actuaciones relativas al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de esos años y el hecho de haber aportado unas facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados y que habría aportado con el objetivo de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La jueza, en el auto de apertura de diligencias, razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el Impuesto de Sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
