Este jueves, el juicio por el caso de las mascarillas ha quedado a espera de resolución, sin que Luis Medina y Alberto Luceño hicieran uso de su derecho a la última palabra. Después de los alegatos finales, sus defensas han solicitado la absolución de sus clientes argumentando que no se ha demostrado la existencia de una estafa al Consistorio de Madrid.
La vista oral concluye después de ochos sesiones en las que han testificado varios funcionarios municipales, incluida la entonces jefa de compras del Consistorio durante la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, además de peritos de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional de Madrid.
En sus declaraciones, los acusados han afirmado que nunca hablaron con Elena Collado sobre las comisiones, contradiciendo lo señalado por ella, y han mantenido que el precio de las mascarillas fue fijado por la empresa malaya Leno, el proveedor del material que se suministro al Ayuntamiento.
En la última sesión, han presentado sus conclusiones finales las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, y los abogados defensores. La abogada del PSOE ha sugerido emprender nuevas acciones legales contra los procesados por posibles contradicciones en el juicio y para que investiguen igualmente delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, ha solicitado la absolución de su cliente, al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento. Según el letrado, no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a la falta de oferta en el mercado durante la pandemia y que no hay incumpliendo de los contratos porque "el fin era traer ese material" sanitario.
"El pelotazo del que habla el fiscal... ¿no lo querrá tener ahora el Ayuntamiento de Madrid por la vía penal?, ¿No es un pelotazo para el Ayuntamiento quedarse con toda la comisión que ha pagado el intermediario? Esa es la pretensión acusatoria", ha señalado subrayando que Elena Collado "pensó" que no iban a cobrar comisiones.
"El tema ético o moral no tiene nada que ver con la estafa", ha añadido el letrado, quien ha insistido en que la empresa malaya Leno podía pagar las comisiones que quisiera. Ayer, Alberto Luceño declaró que fue el proveedor el que determinó la cantidad de dinero que iban a recibir por la operación.
Como argumento adicional, Choclán citó el archivo de la causa contra el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la Fiscalía cuando el precio de las mascarillas vendidas en aquel caso fue el mismo que el de su cliente.
"Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso que fue archivado por decreto de la Fiscalía el 14 de marzo de 2023 en el que se vendieron también mascarillas a un precio cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado y se archivó. El precio que aquí se ha puesto es de 6,24 euros, que teniendo en cuenta la donación al final vamos a 4,99 euros, fue el mismo precio", ha recalcado.
Penas de 9 y 15 años
El abogado de Alberto Luceño se ha sumado a los argumentos expuesto por su compañero Choclán en relación al delito de estafa agravada, que se imputa a ambos acusados. Ha defendido que no ha habido ocultación de los cinco millones de euros que recibió en concepto de comisiones. "Llegó de una manera transparente a España y las comisiones se cobran en una cuenta personal en un banco español", ha expresado.
En sus conclusiones, el fiscal mantuvo la petición de penas de nueve y quince años de prisión para los acusados por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal. Asimismo, ha solicitado la inhabilitación para el ejercicio del comercio durante los años que dure la condena.
En su informe, el fiscal aseguró que los hechos imputados han quedado acreditados y que las pruebas presentadas confirman todos los elementos de los delitos. Respecto a la estafa, considera que el ánimo de lucro ha quedado "más que probado", citando como ejemplos un correo en el que se dice "pá la saca" y que la operación es un "pelotazo", así como las elevadas comisiones obtenidas.
"La comisión que se llevaron fue del 149% en el caso de las mascarillas, de 244% en el caso de los test y en el caso de los guantes del 426%. Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro en este tipo de operaciones", afirmó en la sesión de ayer.
En cuanto al engaño, el fiscal ha destacado que quedó demostrado que los acusados ocultaron las comisiones y que intentaron dar la impresión de que actuaban de forma altruista. Como prueba, mencionó un correo que manda Elena collado el 22 de marzo en el que escribe que no recibirán dinero por esa operación. "El precio se incrementa para aprovecharse de las circunstancias, lo que es un elemento nuclear del engaño. Luis Medina y Luceño dijeron que tenían experiencia en comercio exterior cuando no firmaron ninguna operación en esos dos años", concluyó.
