La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
En una resolución de 51 páginas, Rodríguez-Medel determina que entre el 5 y el 14 de marzo, el delegado del Gobierno en Madrid "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
El dictamen de la magistrada indica que José Manuel Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular". Además, agrega que "tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente".
La jueza explica que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno a que prohibiera o restringiera la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19".
Por su parte, los agentes de la Policía Judicial dieron como "acreditado" el conocimiento "por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid" de los riesgos del coronavirus tres semanas antes de dar luz verde a la marcha feminista.
Sin embargo, Rodríguez-Medel ha denegado el sobreseimiento libre que requería la Abogacía del Estado y lo deja en provisional. Es decir, las diligencias se pueden abrir de nuevo en caso de que se descubran nuevos indicios.
