El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral respecto de las formaciones políticas PdeCat y CDC y los extesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca en el denominado caso del 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.
En su resolución, el titular del Central de Instrucción Cinco acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero. El fiscal del caso, José Grinda, solicita una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca, y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue además conseller de Justicia del Govern.
Caso 3%
El juez abre juicio oral tras una extensa instrucción, en la que la Fiscalía Anticorrupción asevera que, los acusado y el PdeCAT utilizaron una "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC).
El Ministerio Público detallaba en su escrito que, en el período de 2008 a 2015, "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".
"Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito", explicaba el fiscal, que aseguraba que "los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido".
El magistrado, además de abrir juicio, declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa. El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
