El nuevo protocolo de actuación frente a la llegada de menores extranjeros a las Islas Canarias puesto en marcha por el Gobierno liderado por Fernando Clavijo se enfrenta a un horizonte judicial nada desdeñable. Con la crisis migratoria acechando las costas del archipiélago, que enfrenta un otoño previsiblemente caliente sin solución a la vista, el marco establecido por la suma de Coalición Canaria y PP se ha encontrado con la rápida respuesta tanto del Ejecutivo, quien prevé elevar la delegación de competencias en materia migratoria, como de la Fiscalía, quien, este miércoles ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra el plan publicado por el Ejecutivo isleño el pasado 12 de septiembre.
Desde la Fiscalía entienden, al igual que lo hace Moncloa, que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.
Un recurso durísimo contra los intereses de Fernando Clavijo, que vuelve a enfrentarse a un panorama desalentador para sus intereses después de que el Congreso de los Diputados tumbase la conocida como Ley de Extranjería antes del parón veraniego. En el escrito publicado este martes, el Ministerio Público solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la suspensión cautelarísima del citado protocolo, ya que su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma.
La guerra Sánchez-Clavijo
A este recurso hay que sumarle la decisión del Consejo de Ministros de este martes, cuando elevó el protocolo migratorio ante el Tribunal Constitucional al entender que el Gobierno canario está haciendo dejación de funciones y no asumiendo sus responsabilidades en materia migratoria.
Desde Moncloa persiguen el mismo objetivo que desde la Fiscalía, que no es otro que provocar que la Justicia paralice la operatividad del plan de Clavijo y garantice el cumplimiento de las leyes que amparan a los menores migrantes que arriben en las costas españolas.
A este contexto judicial como telón de fondo judicial hay que sumarle el momento de tensión entre administraciones que viven el Ejecutivo central y el canario. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volviese de su cumbre bilateral con Clavijo en la isla de La Palma, las tensiones han ido creciendo y los dardos velados de un lado a otro.
En Moncloa reclaman al presidente de las Islas que ponga el foco en su socio de Gobierno, el PP, ya que fue responsabilidad suya que el Congreso de los Diputados tumbase la Ley de Extranjería que permitiría que el resto de CCAA se viesen obligados a acoger a los migrantes para los que Canarias no tuviese capacidad. No obstante, y pese a que Coalición Canaria se mostró a favor de dicho reparto, Clavijo ha decidido emprender toda su batería de críticas al Ejecutivo central por dejar desamparados, a su juicio, a los ciudadanos canarios.
Entretanto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que su gira migratoria debe empezar por la Italia de Giorgia Meloni. Desde el PP consideran que las políticas de restricción de entradas aplicadas por la dirigente ultra son positivas, por lo que buscarán beber de su propia legislación para tratar de replicarla en España.
