La Fiscalía ha enviado un informe al Tribunal Supremo en el que afirman que existen indicios racionales de delito contra el eurodiputado de extrema derecha y fundador del partido Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez. Asevera el fiscal que, tal y como dice el juez instructor, Pérez podría haber cometido sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, y que debido a su condición de europarlamentario debe ser el Supremo quien instruya el procedimiento.
El fiscal da total credibilidad al relato del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que aprecia la existencia de indicios racionales de la existencia de unos hechos que consisten en que "el ahora eurodiputado Luis Pérez Fernández se habría puesto en contacto con Álvaro Romillo Castillo con el fin de que le ayudara en la creación de unas wallets en las que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades. Álvaro Romillo Castillo no sólo le habría creado tres wallets a los efectos referidos, sino que también le habría proporcionado 100.000 euros en efectivo con objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024, como líder de la agrupación electoral SALF (Se Acabó La Fiesta).
En cuanto al otro acusado en el procedimiento, asevera el fiscal que, asimismo, "entendemos igualmente que estando indicada la responsabilidad penal de Romillo Castillo como cooperador necesario de los referidos delitos, y siendo el enjuiciamiento de su conducta inescindible de la del encausado principal, procede hacer extensiva la competencia a dicho imputado, ante el riesgo de que pudieran dictarse sentencias contradictorias de seguirse ambos procesos por separado".
Acceder a las cuentas
Por otro lado, y como diligencias a practicar, pide el fiscal que se dicten las órdenes oportunas para la investigación del tráfico de las wallets creadas por los encausados en las que se realizaron las aportaciones anónimas para financiar la campaña electoral de SALF en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Recabar del encausado Luis Pérez Fernández los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF, entre otros, libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y, por último, solicita el examen de las cuentas corriente bancarias Alvise y de su agrupación electoral durante el año 2024.
El caso
La investigación contra Alvise es en realidad una pieza separada dentro de la causa en la que el juez Calama investiga al propio Romillo por la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club, un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable. El empresario aseguró el pasado miércoles ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a 'Alvise' Pérez para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
