El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha interrogado este jueves a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en el marco de la investigación sobre la presunta revelación de secretos con epicentro en la Fiscalía General del Estado (FGE) entorno al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bajo este marco, Rodríguez ha negado las filtraciones y ha reiterado que hasta 600 personas tuvieron acceso al expediente tributario de Alberto González Amador.
La fiscal provincial está siendo investigada por haber elevado a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, dicha documentación del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con la denuncia de la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Sin embargo, conocido es que fue la defensa de González Amador la que reconoció la comisión de los presuntos delitos y pedía un pacto con el Ministerio Público; así, el fiscal general requirió el expediente abierto para, con él, elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que filtró Miguel Ángel Rodríguez diciendo que fue la Fiscalía la que ofreció el pacto.
Ahora, la fiscal provincial ha respondido al magistrado del Supremo que no filtró dichos documentos, asegurando así que elevó el expediente conforme a los principios de unidad y jerarquía de la FGE, y es que así lo reza en el artículo 25 del Estatuto en el que rige la obligación de los fiscales a dar cuenta a su superior de los asuntos que contengan calado mediático, como es el caso del que se cierne sobre el novio de Ayuso.
García Ortiz reclamó dicho expediente y Rodríguez lo elevó, teniendo en cuenta así que el propio fiscal general, en el marco de su declaración en el Alto Tribunal, aseguró que “dio la orden y los fiscales actuaron por delegación”.
Hasta 600 personas tuvieron acceso a los documentos
Sin quedarse en este punto, la fiscal provincial también ha declarado ante el juez Hurtado que el recorrido de estos documentos desde la duración del proceso judicial, en concreto, el correo en el que la defensa de González Amador admite la comisión de los delitos, fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Es decir, tanto el expediente tributario como la denuncia que llegó al decanato de los juzgados de Plaza Castilla, pasó por las manos de hasta 571 personas y profesionales relacionadas con el Ministerio Público, la primera de ellas; en el caso de la segunda, en torno a 60 tuvieron acceso directo. Una cifra sobre la que no se tiene en cuenta la posibilidad de que el entorno del investigado como el de Isabel Díaz Ayuso también pudieron tener acceso.
García Ortiz negó la filtración
Bajo este mismo telón de fondo, reiterar que el fiscal general del Estado declaró este miércoles ante el Supremo, donde negó la filtración del correo electrónico del novio de la presidenta madrileña, así como que ordenase este cometido a sus subordinados. De esta manera, dejó en claro que su función fue pedir el expediente “para desmentir un bulo” publicado en la esfera mediática por la intermediación del asesor del Ejecutivo de Sol.
