Manuel Baltar, el Dominic Toretto del Partido Popular se sentará en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo este lunes después de protagonizar su propia versión de Fast & Furious. Ni más ni menos que a 215 kilómetros por hora conducía el expresidente del PP de Ourense, y actual senador del grupo popular en la Cámara Alta, cuando fue cazado por la Guardia Civil. Baltar, cuya enemistas con el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha hecho correr ríos de tinta, se enfrenta a una multa de 1.800 euros y un año sin carnet de conducir.
Los hechos ocurrieron en el 23 de abril de 2023 cerca de las siete de la tarde en un tramo de la Autovía A52 en sentido Benavente, cuando el radar le cazó conduciendo a 215 kilómetros por hora el coche oficial de la Diputación. En un principio, y aunque el Código Penal establece penas que van de los tres a los seis meses de cárcel, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad y pérdida del carnet de conducir de uno a cuatro años, la Fiscalía solo pide 1.800 euros de multa, es decir seis meses a cuota de 10 euros, y un año y un día de retirada del carnet, o lo que es lo mismo, la sanción mínima que podría solicitar.
Baltar es un viejo conocido del Partido Popular gallego, famoso entre otras cosas por haber sido uno de los pocos a los que Núñez Feijóo no consiguió sacar de la ecuación. Y eso que lo intentó presentando otro candidato a la presidencia del PP de Ourense cuando el padre de Baltar le presentó para que le sucediera en el cargo. Feijóo quería imponer su versión ‘moderna, nacional y urbanita’ del PP gallego, sin embargo, los Baltar le ganaron la partida imponiendo la suya: la rural y galleguista. Una votación que consiguieron tras enchufar a familiares y ‘amigos’ como compromisarios que, una vez celebrado el cónclave popular, se alzaron con la victoria por 723 votos frente a los 433 que obtuvo el candidato de Feijóo.
La estrategia de la defensa
La defensa del senador del PP asevera que Baltar ya ha rendido cuentas al pagar la multa administrativa y cumplir la sanción correspondiente, por lo que invocará el principio legal de “cosa juzgada” para esgrimir que el caso no debería ser reabierto ni juzgado según su criterio dos veces.
Pero es que, además, durante su declaración ante la jueza instructora del Tribunal Supremo, la magistrada Ana Ferrer, Manuel Baltar negó que fuera conduciendo el coche superando los 200 kilómetros por hora, el límite de velocidad que establece el Código Penal para que sea considerado delito, y aseguró que no cometió ninguna infracción penal. Sin embargo, la magistrada aplicó el rango de error del 5% sobre la velocidad que marcaba el radar y, pese a esa reducción, la velocidad final era de 204 kilómetros por hora, lo que seguía suponiendo una infracción penal y no administrativa como pretende el senador popular.
