El escrito presentado por Más Madrid y PSOE, las acusaciones populares en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, complica, y mucho, la posibilidad de un acuerdo entre las partes, tal y como ha podido saber ElPlural.com de fuentes del caso. De hecho, a la citación había varios empresarios que llegaban con la previsión de firmar la conformidad, pero que han visto truncadas sus expectativas tras la decisión de la magistrada.
En un principio, la defensa de González Amador envió un escrito al fiscal del caso en el que explicaba que su cliente estaba dispuesto a reconocer dos delitos de fraude fiscal, y aceptaba 8 meses de prisión y el pago de una multa de 515.000 euros, que serían la devolución de 350.000 euros del fraude más una multa de 140.000 y otros 24.000 euros en intereses.
Sin embargo, si desde las acusaciones populares se solicita la amplicación del número de delitos, las defensas consultadas han informado de que la posibilidad de un acuerdo de conformidad se rompe. En ese caso, se podría dar el caso de que se firme el acuerdo entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero ir a juicio para que se diriman el resto de delitos. Esto se vio, por ejemplo, en el caso Tándem, donde la Fiscalía solicitaba penas muy inferiores a las acusaciones populares debido a los acuerdos alcanzados. En ese juicio, se condenó por lo que había firmado el Ministerio Público.
Desde Mas Madrid, han informado que, como acusacion popular habían solicitado que la declaración volviera a aplazarse. El motivo "es que hay indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio. Ampliación delito fiscal, falsedad documental, delito contable". Concretamente serían dos delitos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios, y un delito contable. Además piden que se investigue la relación empresarial del novio de la presidenta con Quiron prevención, así como una averiguación patrimonial con un análisis de las cuentas entre 2019 y 2022. Además, también quieren que González Amador presente la escritura de compraventa de sus viviendas por si hubiera obtenido un incremento patrimonial.
Finalmente, la magistrada del caso ha optado por suspender las declaraciones previstas para este lunes, aunque no ha hecho referencia alguna a la posibilidad de que aumenten el número de presuntos delitos a los que deberá enfrentarse el novio de la presidenta.
Los delitos
Los delitos por los que se le investiga discurren entre 2020 y 2021 y tiene que ver con las actuaciones relativas al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de esos años y el hecho de haber aportado unas facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados y que habría aportado con el objetivo de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La jueza, en el auto de apertura de diligencias, razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el Impuesto de Sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
Qué dice el informe de la Agencia Tributaria
la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
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