Doble revés judicial para el juez Juan Carlos Peinado. Pese a la insistencia del magistrado en investigar a Begoña Gómez, todo lo relativo a ella se desmiente por quienes hablan sobre una hipotética causa.
Así, a las resoluciones favorables de la Unidad Central Operativa (UCO) y otros organismos se suman nuevas declaraciones y/o conclusiones en favor de Gómez. En este sentido, en las últimas horas se ha arrojado más luz sobre lo relativo a la esposa del presidente del Gobierno en relación con sus cuentas bancarias y su contratación en el Instituto de la Empresa (IE).
Las cuentas de Begoña Gómez
Respecto de lo primero, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tenido acceso a la relación de cuentas bancarias de Begoña Gómez después de solicitarla hace unas semanas a través del sistema que conecta los juzgados con distintas administraciones y entidades, el Punto Neutro Judicial.
La respuesta con la que se ha encontrado el magistrado lo forman once productos financieros, de los cuales cuatro son cuentas bancarias de las que es titular y tan solo dos tienen saldo: una acumula 40,10 euros y la otra tan solo 15 céntimos.
Contratación en el IE
La otra arista, la de la contratación de Gómez en el IE, también favorece a su inocencia. En concreto, testigos apuntan a que la mujer de Sánchez no recibió ningún trato de favor en este lugar.
Quien habló sobre ello fue nada menos que Juan José Güemes, uno de los hombres fuertes del PP y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien se mostró contundente ante el juez al negar, hace unos días, haber dado trato de favor a Gómez al contar con ella para el mencionado organismo. “No se contrató a la señora Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno”, dijo convencido. Poco después, el juez Peinado le informó de que estaba imputado.
Aquella declaración, publicada en medios de comunicación, pone blanco sobre negro en las sospechas sobre un posible trato de favor a Gómez. “La relación (entre ella y el IE) se inicia antes de que su esposo fuera Presidente del Gobierno”, explica, acuñando que conocieron a la imputada en 2017 y que la fecha del contrato se firmó en enero de 2018, meses antes de que se produjera la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa. Asimismo, apostilla que Gómez presentó “sus credenciales académicas” y “acreditó con su currículum tener experiencia para su trabajo”.
Después de la imputación de Güemes, la Fiscalía recurrió la decisión del juez Peinado de llamarle a declarar de nuevo pero con un abogado, alegando que el magistrado no había “precisado cuál es el delito atribuido ni su presunta participación en el mismo”. Es más, la resolución con la que el juez le llama a declarar no concreta qué delito se le imputa ni el motivo de que se haya producido un cambio para que su persona pase de la calidad de testigo a la de investigado.
En el escrito de la Fiscalía de Delitos Económicos se destaca que el que fuera hombre fuerte de Aguirre es el tercer imputado que recibe esta condición después de haber sido citado y declarar como testigo, con la obligación de decir la verdad. Pasó lo mismo con el empresario Juan Carlos Barrabés, así como con el rector de la Universidad Complutense (UCM), Joaquín Goyache. Otra vez, indica en su escrito el fiscal, se produce en la decisión de Peinado una “inexistencia de motivación, por sucinta que sea, y de exposición fáctica o argumental”.
Próximos pasos
El juzgado número 41 de la capital ha añadido dos tomos nuevos de documentación a disposición de las partes en la causa que indaga alrededor de la actividad profesional de Gómez y si ésta recibió algún trato de favor como asegura Vox y el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias. Por el momento, todas las personas que contaron con sus servicios tanto en e Instituto de Empresa como en la Complutense -donde lideró dos másteres- lo han negado.
La última cuestión tiene que ver con si la esposa de Sánchez se apropió de forma indebida de un software que varias compañías desarrollaron para su cátedra. La propia universidad ha comprobado que en ningún momento la registró ella en algún Registro de la Propiedad y que, de haber sido así, éste se localizó en una página web que sí estaba a nombre de una de las compañías. La última documentación sobre el caso proyecta la respuesta de la compañía Indra cuando el juez preguntó el dinero invertida en esta plataforma: un total de 128.442,37 euros sin contar el IVA que facturó a una de las compañías del mismo grupo.
Indra dijo al juzgado que se hizo en el centro “con carácter gratuito” y que después de su creación en 2022 ni la firma ni ninguna filial participaron en “el despliegue de la primera versión de la plataforma ni en ulteriores desarrollos del producto”.
