El Consejo General del Poder Judicial cumple diez años, cinco de los cuales está en funciones. Una anomalía democrática que ha desembocado en que los vocales del PP estén haciendo política desde el órgano de Gobierno de los jueces, llegando a unos extremos que rozan el hooliganismo. Un hecho que al propio PP de Alberto Núñez Feijóo, causante del bloqueo de la renovación, le viene de perlas para seguir apoyando sus múltiples excusas para no llegar a un acuerdo de renovación.

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales más el presidente Carlos Lesmes. Desde entonces, el número de miembros del órgano de Gobierno de los jueces ha ido menguando en miembros hasta llegar a los 16 actuales. En los últimos años Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo se han jubilado, Concepción Sáez ha dimitido y Victoria Cinto ha fallecido. A lo que hay que añadir la dimisión de Carlos Lesmes como presidente tanto del consejo como del Tribunal Supremo en octubre de 2022, lo que ha llevado a que actualmente haya una bicefalia pues tras la salida de Lesmes entró Mozo como presidente al ser el vocal de mayor edad y, como presidente del Supremo interino se nombró al magistrado del Alto Tribunal Francisco Marín Castán quien tras la jubilación de Mozo y la entrada de presidente de Vicente Guilarte.

Las excusas del PP

Y mientras el consejo lleva varios años en constante descomposición, desde el Partido Popular, como es habitual en ese partido siempre que se encuentran en la oposición, se niegan a renovarlo. La firma de un acuerdo ha estado a punto de caramelo en varias ocasiones desde que comenzaran las negociaciones en agosto de 2018, pero cada una de esas negociaciones ha terminado con un no de los populares. Un no, precedido de alguna excusa peregrina.

Especialmente sonado fue estrepitoso fracaso del supuesto acuerdo de noviembre del 18. A priori, el PSOE y el PP habían llegado a un pacto en el que habría 11 vocales progresistas y 9 conservadores. El presidente sería Carlos Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero un ‘WhatsApp’ enviado por el entonces portavoz del PP en la Cámara Alta Ignacio Cosidó a los 146 senadores del partido dinamitó cualquier posibilidad.

Un mensaje que rezaba: “Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y 'auctoritas' para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás”.

Desde entonces, tanto bajo el mando de Pablo Casado como de Núñez Feijóo, las excusas han ido cayendo en cascada para evitar cumplir con el mandato democrático. Entre los pretextos que ha dado el Partido Popular se encuentran, por ejemplo lo dicho por Casado en agosto de 2020: “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, o cuando el PP señaló en un comunicado que los ataques del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al Rey Felipe VI tras conocerse la salida de España de Juan Carlos de Borbón, frustraron la negociación para la renovación del CGPJ en septiembre de ese mismo año.

Todavía con Casado al frente del partido, en diciembre de 2020 aseveraron desde el PP que tenían una “voluntad clara” de acuerdo con el Gobierno para renovar CGPJ, y estaba pendiente de encontrar una “ventana” de oportunidad para hacerlo posible, siempre que se cumplieran sus condiciones. Decían que estaban dispuestos a pactar en cualquier momento, a más tardar tras las elecciones catalanas, si el Ejecutivo dejaba a UP fuera del proceso y no indultaba a los presos del procés. Es más, la mano derecha de Casado, Teodoro García Egea, llegó a afirmar: “Prefiero que (el CGPJ) siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecia”.

El asunto no mejoró con el cambio de liderazgo en el partido. Las excusas, esta vez desde el PP de Alberto Núñez Feijóo siguieron cayendo como una gota malaya. En julio de 2022, desde el PP filtraban que aceptaban la renovación con la actual ley en la mano, a pesar de que llevaban exigiendo tres años un cambio en la ley para que fueran los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a los veinte vocales del CGPJ. Sin embargo, el caramelo estaba envenenado, pues como condición estaba la retirada de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno aprobó ese mismo mes.

Ya en septiembre, volvieron a sus 13: cambiar el sistema de elección de los jueces. El PP trasladó al comisario de Justicia de la Unión Europea Didier Reynders su disposición a reformar inmediatamente el CGPJ y el Tribunal Constitucional si a la vez se negociaba la reforma del sistema de elección. Este empecinamiento del PP es poderosamente llamativo, ya que los populares han gobernado dos veces con mayoría absoluto, con Mariano Rajoy y con José María Aznar y jamás se han planteado cambiar ese sistema de elección. De hecho, solo lo plantean cuando gobierna el PSOE.

El último, y más llamativo no del PP, vino cuando, alcanzado un acuerdo entre los negociadores Esteben González Pons por el PP y Féliz Bolaños por el PSOE, el partido de Feijóo anunció que no firmarían porque el Gobierno iba a “colar la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, a la vez”, en referencia a los cambios en el Código Penal que se iba a aprobar. Tres días antes, la portavoz en el Congreso de los populares, Cuca Gamarra, había desvinculado esos cambios de las negociaciones para la renovación. Pero donde dije digo, digo Diego. Y dicho y hecho: una portada en un medio nacional, un alegato de Federico Jiménez Losantos y, por último, las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en contra de cualquier acuerdo, echaron por la borda cualquier pacto. Y desde entonces, suma y sigue y, mientras tanto, la falta de jueces ya ha superado lo preocupante para alcanzar cotas de inadmisibilidad.

Sin jueces

Y esto es así porque, mientras desde el PP se niegan a sentarse con el PSOE, el número de plazas por cubrir sigue creciendo. Actualmente ya son 84 las vacantes en las diferentes sedes judiciales de España: 23 del Tribunal Supremo, 36 de los Tribunales Superiores de Justicia, 24 de Audiencias Provinciales y 1 de la Audiencia Nacional.

Aunque todas las plazas son importantes, resulta especialmente preocupante la situación del Tribunal Supremo, donde el 30 por ciento del total de sillones están actualmente a la espera de nombramientos. Hay 23 vacantes, la última, del mismo 7 de septiembre, día de la apertura año judicial, con la jubilación de Fernando Pignatelli, de la Sala de lo Militar.

Por Salas, la más perjudicada es la Sala de lo Social donde de 13 magistrados que la componen, hay 6 plazas vacantes, lo que supone casi el 50%; la Sala de Lo Contencioso también sufre las consecuencias de la situación: de los 33 sillones, 11 están sin cubrir. La Sala de lo Penal tiene una vacante de 15 magistrados, la Sala de lo Civil 2 vacantes de 10 magistrados y la Sala de lo Militar 3 puestos por cubrir de un total de 8.

La ley

El Gobierno cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Se aprobó la Ley 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Un cambio que impide a los vocales del CGPJ realizar nombramientos mientras estén en funciones. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal de Garantías no dudó en avalar el cambio legislativo aprobado por el Gobierno de Sánchez.

La ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer explica que la Constitución Española no prevé que se pueda sustentar "una prórroga indeterminada o indefinida de dicho mandato", por lo que se incluye un serio reproche a los partidos políticos por su incapacidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una incapacidad, aprovechada políticamente por el Partido Popular, cuyas consecuencias son de extrema gravedad, pues se está colapsando la Justicia porque el partido liderado por Feijóo ha llegado incluso a tumbar un acuerdo cerrado a 24 horas de su firma por presiones de medios conservadores y amenazas veladas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y mientras tanto, los presidentes van pasando por el CGPJ, ya van tres desde que fueran nombrados: Carlos Lesmes que dimitió ante la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo; Rafael Mozo, presidente en funciones tras la salida de Lesmes que se jubiló recientemente; y ahora Vicente Guilarte. El número de vocales mengua mientras el PP sigue poniendo excusas para no cumplir con el mandato democrático.