El Consejo General del Poder Judicial está más que preocupado por la cantidad de plazas de magistrados que se acumulan para nombrar. Hasta la fecha son 64 las plazas vacantes que por fallecimiento, jubilación o fin de mandato el CGPJ no ha podido nombrar. Según las fuentes del Órgano de Gobierno de los jueces consultadas por ElPlural.Com, el calculo estimado de tiempo para ponerse al día en materia de nombramientos se estima en un año y medio. Y eso, si el Consejo se renueva con brevedad, pues cada vez que se dilata el acuerdo de renovación, el número de vacantes crece. Los vocales consultados por este periódico han mostrado "su más profunda preocupación" por la falta de jueces.

Para las fuentes, las plazas más críticas son las del Tribunal Supremo, donde el 17% de las mismas están actualmente vacantes. Dentro de las Salas, las más preocupantes son Lo Social y la jurisdicción de Lo Contencioso-Administrativo que está en mínimos históricos en cuanto a número de magistrados.

Por ello, explican las fuentes, que el Alto Tribunal tendrá prioridad sobre el resto ya que, en breve, y de seguir así la cosa, habrá salas en las que no se podrá alcanzar un cuórum suficiente. El Supremo está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, los cinco presidentes de sala, y setenta y cuatro magistrados repartidos por estas salas. Es decir, un total de 81 magistrados.

A 14 de julio faltan 14 jueces: doce plazas a cubrir por jubilación o fallecimiento, una por excedencia y otra más de un magistrado que se encuentra en servicios especiales. Es decir, faltan 14 de 81, lo que implica un 17,2% del total de las plazas del Supremo y casi un 22 del total de plazas por cubrir en el conjunto de España.

Desde el Consejo se muestran muy preocupados por la situación, ya que 64 plazas vacantes implican que, una vez que se consiga renovar el Consejo General del Poder Judicial, sus miembros tardarán, como mínimo, un año y medio en poner al día la falta de plazas, ya que no solo hay que sacar las vacantes, sino que también se han de realizar las entrevistas oportunas antes de las votaciones.

Es por esta falta de jueces que el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevista para su aprobación en el pleno del Congreso de este jueves ha sentado tan mal dentro de la carrera en general, y del Órgano de Gobierno de los jueces en particular.

Cambio en la ley

La falta de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para alcanzar un acuerdo de renovación ha tenido consecuencias. En un primer momento, el Gobierno cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para dejar, de facto, sin competencias reales a los actuales vocales del Consejo, que en diciembre cumplirán los cuatro años en funciones. Entre la retirada de competencias, la que más problemas ha supuesto para el normal funcionamiento de la Justicia es la imposibilidad de realizar nombramientos.

Sin embargo, el propio Gobierno ha reculado cuando ha llegado el momento de renovar varios magistrados del Tribunal Constitucional, y el CGPJ no puede nombrar los que les corresponden a ellos.

Así, este jueves se vota otro cambio en la LOPJ que permitirá al Órgano de Gobierno de los jueces sacar adelante esos nombramientos, pero solo esos. Los citados nombramientos llevarán aprejados un cambio en los equilibrios de poder del Tribunal de Garantías, que pasará de mayoría conservadora a progresista.

Desde el Consejo se han mostrado contrarios a que ese cambio legislativo se tramite como Proposición de Ley, es decir, que se pueda aprobar sin los informes preceptivos del CGPJ, Fiscalía y Consejo de Estado. De hecho, esta misma semana el pleno del Consejo aprobaba un escrito en el que solicitaban que se les pidiera informar sobre el cambio en la ley. Sin embargo, no ha habido respuesta y este jueves se vota el cambio legislativo en el Pleno del Congreso, permitiendo a los vocales elegir los miembros del constitucional, pero no el resto de las 64 plazas pendientes.

El aliento de Bruselas

El problema de la renovación del CGPJ es evidente. Tan evidente que incluso Bruselas se ha pronunciado al respecto. Precisamente, este miércoles la Comisión Europea ha avisado de nuevo de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del CGPJ al tiempo que ha exigido que, “inmediatamente después”, se afronte una reforma mucho más profunda que capacite a los propios jueces a designar a los magistrados de dicho órgano.

Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.