Tras los cara a cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los portavoces parlamentarios de las diferentes fuerzas que completan el arco parlamentario en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, el show ha continuado. A propuesta del PSOE, el pleno del Congreso ha debatido en la tarde de este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuperar la potestad de realizar nombramientos aún estando en funciones y pueda, así, nombrar a sus dos candidatos el Tribunal Constitucional. La iniciativa legislativa ha obtenido el okey de la Cámara pese al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos (176 síes, 145 noes y ocho abstenciones) y se votará este jueves en lectura única.

En concreto, los socialistas pretendían modificar el artículo 570 bis de la ley orgánica del Poder Judicial. Introdujeron esta proposición de ley el pasado 24 de junio con el objetivo de enmendar parcialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 a iniciativa del Gobierno, la cual impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato vencido.

Aranda Vargas, sobre la renovación del CGPJ: "Cuatro años de bloqueo"

La renovación de los órganos constitucionales ha propiciado no pocos choques entre PSOE y PP. El CGPJ acumula ya más de 1.300 días desde que caducara allá por 2018. La última renovación se hizo en 2013 y los mandatos son de cinco años. Pedro Sánchez no logró rubricar acuerdo alguno con un Pablo Casado empeñado en acumular órdagos. Se aproximaron al concretar la renovación de todos los órganos constitucionales caducados a excepción del CGPJ, pero la asignatura quedó pendiente. Tampoco prosperaron las conversaciones con su sucesor, Alberto Núñez Feijóo. La reunión entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Esteban González Pons, vicesecretario institucional del PP, concluyó sin atisbo alguno de acuerdo porque los populares supeditaron el pacto a que se retirara la proposición de ley que hoy debatía la Cámara Baja.

El diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda Vargas, ha sido el encargado de presentar ante el hemiciclo la propuesta. Y lo ha hecho esgrimiendo los mismos argumentos que sus compañeros de partido -también blandidos por Moncloa-. Arandas Vargas ha insistido en que es de imperiosa necesidad proponer el nombramiento de dos magistrados del TC y, ante la “alarmante dejadez constitucional del PP que ataca los cimientos institucionales”, los socialistas “ponemos sobre la mesa todos los mecanismos democráticos y parlamentarios” para evitar tamaña aberración.

“Estamos atrapados desde hace más de 1.300 días” por “la insumisión del PP”, que se encamina hacia “los cuatro años de bloqueo”, ha continuado; recordando que Bruselas ha apremiado a España a renovar el CPGJ razonando que la justicia comienza a verse afectada. Además, el diputado socialista ha responsabilizado al bloqueo del PP de que “hayamos bajado de categoría a una democracia no plena”.

El diputado y secretario general de Grupo Popular, Carlos Rojas, le ha replicado que, en efecto, la Comisión Europea ha urgido a renovar el CGPJ, pero también a “emprender una profunda reforma para fortalecer la independencia judicial”.

Rojas ha reiterado que la mano de Feijóo sigue tendida para “despolitizar la Justicia”, aquejando que Aranda Vargas “ni siquiera ha hablado de la oferta” que el líder del PP ha trasladado a Sánchez esta semana.

Unidas Podemos se desmarcó de la iniciativa socialista arguyendo que no estaba pactada y era incompleta, pero finalmente ha acordado apoyarla. Su portavoz, Pablo Echenique, avanzó que su formación votaría a favor y así ha sido; aunque piensa que hay que avanzar en reformas legislativas para renovar también el CGPJ.

El aliento de Bruselas

Precisamente este miércoles la Comisión Europea ha avisado de nuevo de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del CGPJ al tiempo que ha exigido que, “inmediatamente después”, se afronte una reforma mucho más profunda que capacite a los propios jueces a designar a los magistrados de dicho órgano. Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.

Con estas sugerencias , Bruselas confía en "animar" a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar "dónde es necesario mejorar", si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual. "Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio", ha indicado la vicepresidenta comunitaria para Estado de derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.