El Gobierno y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo para facilitar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sin embargo, aún habrá que esperar para acabar con el bloqueo también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues este pacto no incluye a este órgano.
El acuerdo entre ambas formaciones se produce 24 horas después del ofrecimiento de Pablo Casado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria durante la sesión de control. Las conversaciones entre el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han culminado en su punto álgido, desbloqueando las renovaciones de varios organismos cuyo mandato caducó en 2018.
La renovación de estos órganos constitucionales se desarrollará en una sesión plenaria, en la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Por el momento, no han trascendido los nombres que integrarán el nuevo gobierno de estos entes, aunque según fuentes consultadas próximas a la negociación han manifestado que serán de "reconocido prestigio y consenso". Asimismo, han deslizado que se darán a conocer en los próximos días.
¿Y el Poder Judicial?
Cada cosa a su tiempo, como suele decirse, y bajo esta premisa se mueven ahora las dos partes interesadas. Tras más de 1.000 días de bloqueo, PSOE y Partido Popular ya han encontrado una senda común para la renovación de los órganos constitucionales. De esta manera, se siguen los pasos que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aventuró ante los micrófonos de RNE en la mañana de este jueves, quien ofrecía aparcar las conversaciones por el CGPJ y centrarse en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.
El ministro manifestó que el objetivo prioritario del Ejecutivo es la renovación de "todos los órganos caducados". No obstante, aseguró que, en una mesa de negociación, hay que tener conciencia de que "no se cumplen los deseos personales en su totalidad". Por lo tanto, Bolaños apostó por la búsqueda de un "equilibrio" que parece haber llegado. Una senda en la que el último escollo a sortear será el gobierno de los jueces.
La sintonía entrre ambas partes, esta vez sí, parecía buena y "sincera", por lo que Bolaños no tuvo remilgos a la hora de celebrar que el PP se abriera a la negociación. "Es la posición que siempre ha mantenido el presidente, la de tender la mano al principal partido de la oposición, esgrimió.
El PP mantiene sus exigencias
Mientras Bolaños 'anunciaba' la hoja de ruta de las dos partes negociadoras, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, se personaba ante las cámaras de Telemadrid enfatizando la exigencia de su formación de cara a la renovación del Poder Judicial. Es una condición sine qua non para los de Pablo Casado y un sapo difícil de digerir para los socialistas. De hecho, tras el verano, la demanda de Génova supuso la destrucción de los puentes entre los dos partidos. Sobre todo a raíz de que Casado pidiera la cabeza del ministro de Presidencia por negarse a comprar el mantra del PP de que "los jueces elijan a los jueces".
Gamarra insistía en esta vertiente a primera hora del jueves, mostrando aún que las posiciones estaban lejos de un acuerdo. "No es un capricho del Partido Popular, es un mandato de las instituciones europeas y del Tribunal Constitucional", repetía la portavoz conservadora en la Cámara Baja.
En Génova entienden que la renovación del gobierno de los jueces ha de estar acompañada por las "demandas de Europa" a España. Es decir, "más independencia y que no haya politización". No obstante, no ocultó en ningún momento la "voluntad de renovación" de su partido, pero "no a cualquier precio".
