El vicesecretario Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha anunciado desde las entrañas de Génova y tras la reunión del Comité de Dirección la propuesta que la formación le ha trasladado al Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para la activación de esta vía, es condición sine qua non que el Gobierno retire la proposición de reforma del Tribunal Constitucional antes del jueves, cuando se someterá a votación en el pleno. Asimismo, ha animado a otras fuerzas políticas a sumarse al pacto. 

La propuesta, que los conservadores han bautizado con el rimbombante nombre de Pacto para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática, ya está en manos del Gobierno, pero también de asociaciones de jueces y fiscales, así como el presidente del Poder Judicial. 

"Renovación, regeneración y reforma". Así ha comenzado González Pons su comparecencia de los lunes desde la sede Génova, apelando, además, al espíritu de consenso de la Transición. De esta guisa, el vicesecretario Institucional conservador se ha jactado de, pese a no haber vencido el plazo prometido, se ven capacitados a hacer "pública" su propuesta para remodelar el sistema de elección de los jueces. 

Pons asegura que se trata de un acuerdo que obligará a las dos partes a "ceder" en sus pretensiones iniciales y que, según se explica, no impone nombres. En Génova consideran que es el Congreso (grupos parlamentarios) y no el PP como tal, o el Ejecutivo en su defecto, sobre el que debe recaer la composición final del órgano de gobierno de los jueces. 

En Génova justifican que el "deterioro de las instituciones es tal" que no basta con renovarlas, sino que hay que dar un paso más allá. De esta manera, según aducen en el Partido Popular, se blindará la renovación del Poder Judicial frente a cambios de signo en el Gobierno. 

La línea roja de Feijóo

Para que esta nueva vía de negociación se desbloquée, el PP expone como condición sine qua non que el Gobierno retire la proposición de Ley para renovar el Tribunal Constitucional, pactada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

"Exigimos la retirada de la Ley para nombrar el TC", ha espetado González Pons, quien ha reclamado un "esfuerzo" a todas las partes implicadas. Asimismo, ha mostrado la predisposición de los conservadores a negociar esta propuesta con arreglo a la ley actualmente en vigor. No obstante, se abriría la puerta a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice la renovación del modelo de elección de los jueces. Sin embargo, ha insistido en que, antes de dar cualquier paso, Pedro Sánchez ha de retirar la ley pactada con ERC "antes del jueves". 

La propuesta, en manos de Bolaños

El proyecto presentado por el Partido Popular ya está en manos del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aunque todavía no hay una respuesta por parte del interlocutor habitual de Moncloa con Génova. Lo que sí se sabe de estas conversaciones es que hasta la noche del domingo, las partes estaban en contacto constante y "fluido". 

¿Qué pasaría con la propuesta si Moncloa no retira la ley pactada con ERC?. Una pregunta que, hasta la fecha no tiene respuesta. Pons ha optado por dejar a un lado los malabares y las cábalas, pues no entra en sus planes que los socialistas cometan tamaña "imprudencia", habida cuenta que la Comisión Europea censurará, con "casi total seguridad", la situación actual del Poder Judicial español. En caso de que el Gobierno pase por el aro conservador, se concertaría una reunión inmediatamente con Bolaños para estudiar la renovación. 

Balón de oxígeno a Sánchez

Fuentes del Partido Popular ven en esta propuesta como un gesto de deferencia hacia el Gobierno. Consideran que es un balón de oxígeno, pues entienden que lo "razonable" no hubiera sido plantear esta propuesta de regeneración. La victoria de Juanma Moreno en Andalucía habría encendido las alarmas y declarado el estado de nerviosismo en Ferraz, por lo que el pacto emergería como una bombona para un PSOE en la horas más bajas de la legislatura. 

Entre la actual dirección conservadora no gustó en exceso la negociación del pasado mes de noviembre y apuntalan que siempre se haya hecho mal la negociación no implica que deba seguir por el mismo camino. Argumentan que el pacto ha emanado de un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. Sin embargo, según la interpretación de los conservadores de la Ley Orgánica, es el Congreso el que debe nombrar el nuevo gobierno de los jueces. En Génova han hecho hincapié en que las formas son importantes y justifican que no supone un gran esfuerzo negociar los nombres entre los dos principales partidos y, posteriormente, trasladárselos a los Grupos Parlamentarios.