El Partido Popular le ha presentado una batería de sugerencias al Gobierno para ‘despolitizar’ la Justicia. Entre las novedades que el vicesecretario de Relaciones Institucionalesdel PP, Esteban González Pons, ha puesto sobre la mesa, se encuentra la regulación de elección del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los puntos esconde una trampa para José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel, y juez preferido por Podemos para el Consejo. Según el PP, se respetarán los turnos de la Constitución: "Doce vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, sin que quepa introducir por este último cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio".

De aprobarse este documento, De Prada quedaría fuera de un futuro Consejo por la vía de los juristas, que era la preferida para introducirlo. De hecho, la única posibilidad de entrar por ese turno sería pedir una excedencia y, una vez nombrado, pasar a servicios especiales. El problema es que, si coge la excedencia renuncia al destino, la Audiencia Nacional, y al terminar en el CGPJ debería volver a concursar lo que, de facto, hace casi imposible su vuelta a la Nacional.

Esto es así porque en 2018, cuando se hizo la lista de 40 nombres de jueces, De Prada no entró porque estaba en servicios especiales en La Haya, por lo que solo podía ir a través del turno de juristas. Sin embargo, ahora, ya está en activo. Así, y aunque la ley ya marca lo que pide el PP, los populares quieren que el Gobierno lo firme para asegurarse de que, si finalmente entra De Prada en el Consejo, eso acarree que, una vez finalizado el mandato, no vuelva a la Audiencia Nacional.

Puertas giratorias

El documento, plagado de minas, también habla de las ‘puertas giratorias’ o que, para asegurar las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado, “se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”. Esto último, en clara referencia a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien pasó de ministra de Justicia a ponerse al frente del Ministerio Fiscal.

Sobre las mencionadas puertas giratorias, explica el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, que “los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos”. O que “no podrán ser nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores”.

Desde el PP, también afirman que, para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo “se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo”.

Este hecho dejaría fuera por ejemplo a aquellos magistrados que han ostentado durante años cargos en las administraciones públicas o que han trabajado en el CGPJ durante mucho tiempo: ejemplos de ambos partidos que no podrían ser nombrados son Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del PSOE, que estuvo casi dos décadas fuera de la carrera, o Enrique López del PP quien, a pesar de ingresar en la carrera en 1989, ha pasado más de diez años en cargos o bien del Consejo o bien políticos.

Renovación del CGPJ y más plazas

Entre las propuestas de cambios destaca una relacionada con el CGPJ. El documento estipula alcanzar un acuerdo relativo al nombramiento de los vocales del Órgano de Gobierno de los jueces una vez se renueve el actual Consejo.

Así, introducen una disposición adicional, en virtud de la cual, “el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección”.

Es decir, el PP propone renovar este Consejo con el sistema actual, pero cambiar el sistema de elección de cara al próximo Consejo dejando que sean los propios magistrados los que elijan las 12 plazas destinadas a los miembros de la carrera.

Y, en cuando los propios jueces, el PP asumen la carencia de magistrados de la que adolece España y de la que, ahora sí, se acuerdan. “Se procederá a una adecuación estructural de la plantilla judicial mediante la convocatoria de oposiciones a razón de doscientas plazas más al año, de manera que en cinco años el incremento de la planta en cuanto a número de jueces sea de mil, atendiendo así al aumento de la litigiosidad de los últimos años, la situación actual de incremento de justicia interina y las jubilaciones previsibles de los próximos años. Los datos estadísticos reflejan que la litigiosidad está en niveles superiores al inicio de la anterior crisis económica de 2008”.

Por último, pero no por ello menos importante, abogan por un cambio en el nombramiento del magistrado autonómico. El PP solicita que, “la terna formulada por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ”.